Juan Corbera. Fotos: KIKE TABERNERLa directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad llega para fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en toda la cadena de valor de las empresas
VALÈNCIA (VP). Los gobiernos europeos no pueden hacerlo solos. Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las metas fijadas por del Pacto Verde Europeo, las empresas deben poner de su parte y velar por la protección de sus objetivos relacionados con los derechos humanos y con el medio ambiente.
Como explica Begoña Pastor responsable de marco regulatorio y relaciones estratégicas de la consultora Ângela Impact Economy "esto requiere que todas las empresas, independientemente de su tamaño, apliquen procesos de identificación, prevención y mitigación de los efectos adversos sobre estas dos cuestiones en toda su cadena de valor" sin olvidar que también deben integrar la sostenibilidad en sus sistemas de gestión y gobernanza empresarial y definir sus decisiones empresariales en términos de derechos humanos, impacto climático y medioambiental a largo plazo.
"Para que la UE alcance sus objetivos en materia de clima y sostenibilidad y garantice la protección de los derechos humanos, es importante que las empresas identifiquen, prevengan y pongan fin o mitiguen los efectos de sus actividades paras los derechos humanos y el medio ambiente" señala Begoña Pastor.
Esta labor de identificación debe llevarse a cabo tanto por la gran empresa, a la que afecta directamente la Directiva, como para aquellas pymes que sean socios comerciales de éstas. Por ello, Pastor pone el acento en esa cuestión, ya que las normas se aplicarán a la «cadena de actividades» de una empresa, abarcando toda la cadena de proveedores en su totalidad.
"Esto supone -detalla Pastor- que las empresas impactadas no serán solo aquellas obligadas por la norma, es decir, la gran empresa, sino que impactará en cascada a las empresas más pequeñas, incluso pymes que formen parte de su cadena de valor. Este es el gran impacto de esta normativa, en la que las garantías contractuales vinculadas a la sostenibilidad con los proveedores será un aspecto clave".
Pero ¿de qué tipo de riesgos estamos hablando si no se asume esta directiva? Por poner algunos ejemplos, podemos hablar de desventaja competitiva frente a competidores, pérdida de clientes y oportunidades de negocio (públicas y privadas), dificultades de acceso a financiación o precios más elevados de la misma o riesgos estratégicos por desconocimiento y/o falta de control interno, entre otros.
La "Directiva del parlamento europeo y del consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad" que acaba de aprobarse establece normas sobre las obligaciones que incumben a las grandes empresas en relación con los efectos adversos -reales y potenciales- para los derechos humanos y el medio ambiente de sus propias operaciones, de las operaciones de sus filiales y de las operaciones efectuadas por sus socios comerciales. Asimismo, establece la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.
Este nuevo marco normativo se aplica a las grandes empresas de la UE y a las empresas de fuera pero que operan en ella, siempre que cumpla con un criterio del volumen de negocios neto generado en la UE.
El texto del Consejo ha introducido un enfoque gradual en relación con la aplicación de las normas establecidas en la directiva. Las primeras en ser afectadas son aquellas que tienen una media de más de 500 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 150 millones euros en el último ejercicio financiero respecto del que se hayan elaborado estados financieros anuales.
A continuación también se ven afectadas aquellas que tengan una media de 250 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 40 millones de euros en el último ejercicio financiero respecto del que se hayan elaborado estados financieros anuales, siempre que al menos el 50 % de ese volumen de negocios se haya generado en uno o varios de los sectores siguientes: fabricación de textiles, cuero y productos afines, extracción de recursos minerales, fabricación de productos básicos de metal y comercio mayorista de recursos minerales.
El texto del Consejo también refuerza el enfoque basado en el riesgo y las normas sobre la priorización de los efectos adversos, con el fin de garantizar la viabilidad del cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida para las empresas.
Y es que los deberes a los que se enfrenta la empresa son cada vez mayores y más complejos y sus estructuras deben estar preparadas para ellos. En ese sentido, Begoña Pastor señala que las empresas pueden prepararse para ello "en estos momentos es fundamental conocer con antelación las nuevas exigencias de sostenibilidad corporativa, fortalecer el sistema de gobernanza de la empresa y mejorar sus sistemas de información para ser capaz de recoger y gestionar los datos de sostenibilidad y monitorizar su desempeño ", concluye.
