Aunque criticado por lo limitado de su cuantía, el balance, hasta ahora, parece positivo
Ya han pasado dos años desde que se pusiera en marcha el Plan de Inversiones para Europa, más conocido como Plan Juncker, denominado así por haber sido el proyecto emblemático con el que comenzó su andadura la actual Comisión Europea, presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker. En ese tiempo se han logrado los objetivos de movilización de fondos (del llamado Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o FEIE) que originalmente se pretendían e incluso algo más, pues la mitad de su vigencia ya se había asignado más del 58% (183.500) de los 315.000 millones de euros previstos para finales de 2018. Tal ha sido el éxito y tan abundantes las propuestas, que a finales de 2016 se decidió prorrogarlo hasta 2020 y llegar al medio billón de euros.
Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Ministros de la Unión Europea ofrecen online información detallada de lo hecho hasta ahora, con ejemplos concretos de proyectos, así como la distribución por países y por sectores. Pero la institución europea que lo gestiona, menos conocida pero no por ello menos importante, es el Banco Europeo de Inversiones.
El BEI nace con los Tratados constitutivos, en 1958 y, por sí solo, es mayor que la suma de todos los demás bancos multilaterales de desarrollo juntos (Banco Mundial, Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, Banco Interamericano de Desarrollo, etc). Sus accionistas son los 28 países miembros, en proporción a su PIB aunque, como puede verse en el primer gráfico, los cuatro mayores tienen la misma participación en el capital (un 16.11%), seguidos por España, con un 9.66%. Su capital supera los 240.000 millones de euros, tras su ampliación en 2012, lo que le permite movilizar unos 80.000 millones en préstamos al año. Tal y como recogen sus Estatutos, puede conceder préstamos que acumulen, en total, hasta dos veces y media dicho capital. Gracias a la sobre-capitalización con la que cuenta, el BEI puede acceder a los mercados internacionales de capitales y tomar prestado a triple A. Pero, ¿cuál es el destino de los fondos que consigue de esta forma? Principalmente la financiación de proyectos a largo plazo (hasta 25 años), para los cuales existe un fallo de mercado, pues las instituciones privadas no suelen realizar operaciones con un vencimiento tan lejano. Por ello la mayoría se dedica a proyectos de infraestructuras públicas. También los proyectos de I+D o de innovación requieren este tipo de financiación a horizontes muy largos, puesto que el rendimiento en el mercado de dichas inversiones no suele producirse a los plazos cortos-medios habituales. Gracias a que su papel es, en esencia, proporcionar garantías, crea un efecto atracción hacia la inversión privada, actuando en una suerte de “simbiosis financiera” en los plazos muy largos.
Por lo que se refiere a España, con anterioridad, la mayor parte de los proyectos financiados por el BEI tenían que ver con infraestructuras e iban destinados a instituciones como ADIF, Puertos del Estado o AENA. Desde hace cinco años y especialmente con el Plan Juncker, los proyectos se han ido orientando hacia las PYME mediante préstamos intermediados con la banca, así como a otros sectores no tradicionales, como la investigación o la digitalización. Nuestro país es, respecto al Plan Juncker, el segundo en asignación total de fondos (después de Italia) y el primero en porcentaje del PIB. Como puede verse en el mapa (donde las zonas más oscuras representan una mayor concentración de financiación), Italia, España, Portugal, Finlandia, Estonia, Lituania y Bulgaria son los países que mayor movilización de fondos han logrado en términos de PIB. A fecha de abril de este año, los 4.000 millones asignados procedentes del Plan Juncker habrían logrado atraer una inversión total de unos 27.800 millones a nuestro país. Puede accederse a la lista completa de proyectos, tanto los firmados, como los aprobados y pre-aprobados, a través de un enlace en el propio BEI.
Por poner algunos ejemplos, de los veinte ya firmados, en 8 participan otros países, e incluyen, por ejemplo, colaboraciones con el ICO para financiar PYMES o proyectos de infraestructura social, plantas de reciclaje, modernización de plataformas digitales con Bankia o El Corte Inglés, así como sistemas de transportes locales.
Respecto a los resultados globales, hasta el momento la prioridad asignada a los préstamos a PYMES se ha cumplido, pues un 31% de la financiación hasta la fecha ha tenido este destino. Le sigue el sector energético, con un 24% y la I+D+i, con un 21%, mientras que el 10% se ha dedicado a digitalización y un 8% a transporte. Por último, proyectos destinados a mejorar la eficiencia medioambiental y la infraestructura social han recibido un 3% en ambos casos.
Es pronto para ver los resultados, pues muchos de estos proyectos están aún negociándose y hasta su ejecución falta tiempo. Recordemos que el objetivo primigenio del Plan Juncker es cubrir el déficit de inversión (pública y privada) que ha dejado la reciente crisis, no tanto debido a la falta de liquidez, sino a la reticencia a asumir riesgos. Cuando tengamos una perspectiva de unos cinco años podremos ver si la selección de los proyectos ha sido la adecuada para contribuir a relanzar la economía europea. Aunque el Plan ha sido criticado por lo limitado de su cuantía, el balance, hasta ahora, parece positivo. No puede entenderse, sin embargo, sino como una herramienta complementaria, que sería más efectiva de alcanzarse la Unión Fiscal y disponer de verdaderos mecanismos de mutualización de riesgo.