VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la reunión del Consejo de Ministros de este sábado, reveló en rueda de prensa la petición al Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Una aplicación dura, pese a que el líder popular aseguró que no significa "la suspensión de la autonomía ni del autogobierno", que consiste en la destitución del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y de todos los miembros del Govern, además de su personal eventual.
Más aún, los ministerios se harán cargo de estos departamentos y en el propio Rajoy recaerá la máxima responsabilidad autonómica que dejará Puigdemont. Además, el Parlament ve reducidas sus competencias: imposibilidad de proponer un candidato ni de celebrar un debate y votación de investidura, además de la prohibición de adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía y la anulación de la capacidad de convocar elecciones, facultad que recaerá en el Senado, que deberán celebrarse en menos de seis meses según el propio Rajoy.
No son las únicas medidas que salieron del citado Consejo de Ministros. También se incluye en el acuerdo del Gobierno el control de los Mossos d'Esquadra -que podrán ser sustituidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y faculta también la intervención de los medios públicos de comunicación como TV3 y Catalunya Ràdio.
Una actuación que todavía se encuentra en vías de ejecución. El Pleno del Senado para abordar las medidas tendrá lugar el viernes 27 de octubre por la mañana, de manera que el Consejo de Ministros se reunirá probablemente por la tarde para hacerlas ya efectivas. Las cifras de la Cámara Alta están aseguradas, dado que el PP cuenta con 149 senadores, el PSOE con 62, Ciudadanos con 3, UPN con 1 y Foro con 1; unas fuerzas que representan el 81% de la institución y que respaldarán la decisión de Rajoy. Compromís, por su parte, ya anunció este mismo sábado que no apoyará la citada aplicación del 155.
Así, las directrices promulgadas por Rajoy -tras acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez- envían un mensaje claro a Puigdemont y a las fuerzas defensoras del desafío independentista. Una activación dura que envía la presión al todavía Govern catalán: el líder de la formación popular dibujó ayer la hoja de ruta que va a seguir desde La Moncloa para tomar el mando de la Generalitat, una forma de pasar la pelota a Puigdemont para que empiece a recular si quiere evitar los pasos anunciados.
Por lo pronto, en la tarde de este sábado, el presidente catalán y los referentes de sus socios en JxSí, además de otros dirigentes como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participaron en la manifestación que congregó a miles de personas para pedir la libertad de los 'Jordis', responsables de Omnium Cultural y ANC, detenidos y en prisión desde hace unos días.
Así, la escalada de tensión entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Carles Puigdemont prosigue más allá del cruce de confusas misivas entre ambos dirigentes. El presidente catalán respondió poco después de las 21.00 horas al ultimátum más rotundo expresado hasta el momento por Mariano Rajoy: el permiso solicitado al Senado para aplicar las medidas del artículo 155. Puigdemont aprovechó la misma escenografía que cuando tendió la mano al Ejecutivo para abrir una negociación y encarrilar una salida a la crisis institucional. Una puerta abierta, las banderas europeas y catalana y un tono flemático cargado de reproches pero, dentro de lo posible, sosegado-.
En su mensaje televisado, en el que Puigdemont utilizó el catalán, el inglés y el español, el president lamentó que lo que el pueblo "ha decidido en las urnas, lo anula el Gobierno en los despachos".
"Estamos ante el peor ataque al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador Franco eliminando Generalitat. Y se ha hecho con apoyo del PSOE y Ciudadanos. No podemos aceptar este ataque ni la humillación del Gobierno español", dijo.
Tras las valoraciones sobre la reacción del Gobierno al desafío independentista, Puigdemont propuso que la respuesta que se dé se debate en el Parlament para "actuar en consecuencia". La cámara catalana permanece cerrada desde el 11 de octubre, cuando el Govern echó el freno a la declaración de independencia de Cataluña.
En esa cita, Puigdemont se limitó a presentar ante los diputados “el mandato” para que “Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república”. Sin embargo, prefirió aparcar la declaración para contribuir al "diálogo" y hacer tiempo mientras se empezaba a especular con mediadores que desatascaran el conflicto.