El sector inmobiliario ve la nueva Ley de Vivienda "intervencionista" y "nociva" para el mercado

VALÈNCIA. La nueva Ley de Vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha provocado todo tipo de reacciones entre las empresas vinculadas al mercado inmobiliario. Por norma general, las principales propuestas no han gustado al sector, que han tildado la nueva normativa de "nociva", "intervencionista" o incluso de "grave error". 

En concreto, la futura norma, que se aprobará en unas semanas en el Consejo de Ministros, contempla la regulación de los precios del alquiler en las zonas con un mercado especialmente tensionado. Una medida que afectará directamente a los grandes tenedores, que han quedado definidos como los propietarios de 10 o más viviendas. 

La normativa recogerá, asimismo, una subida del 150% del IBI a las viviendas vacías, una cláusula que podrán incorporar los Ayuntamientos en caso de que así lo decidan. Asimismo, la ley apuesta por ampliar el parque público para el alquiler, de modo que a partir de ahora todas las promociones deberán reservar un 30% de las viviendas para vivienda protegida. La mitad de ellas, el 15%, tendrán que estar destinadas al alquiler social. 

Al respecto, desde la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) se muestran "absolutamente en contra" de la regulación del alquiler y recuerdan que en países donde se ha implementado una medida similar como en Alemania "no ha funcionado". "Todo lo que sea intervenir en el libre mercado contrae la oferta y provoca inseguridad jurídica", advierten.

En el mismo sentido se ha pronunciado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien ha mostrado una "profunda preocupación" ante la intención de "injerir directamente sobre la propiedad privada". "Las personas tienen derecho a ahorrar, y que el Estado venga ahora a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad", ha defendido tajantemente.

"Pienso que para España, para las personas, para los que tienen propiedades, se toca la libertad y eso es muy preocupante y malo", continuaba Garamendi, quien también ha advertido de la "inseguridad jurídica" que conlleva una regulación de estas características. A este respecto, ha avisado de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales estará "muy pendiente" de los próximos pasos del gobierno en este sentido. 

"Grave error"

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) cree que es un grave error "atacar a los grandes propietarios" con medidas como el aumento de la presión fiscal o la regulación de los precios del alquiler. El director general de la entidad, José Ramón Zurdo, ha incidido en que la propuesta del gobierno "va contra la libre competencia y la libertad de mercado" y ha puesto especialmente el foco sobre el recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías. "Una medida confiscatoria y que atenta contra la libertad individual y la propiedad privada", defiende. 

Asimismo, también se ha pronunciado sobre la obligación de que las promociones deban reservar una serie de viviendas para la vivienda protegida o el alquiler social. En este sentido, cree que sería más acertado "incentivar la colaboración público-privada" para llegar a este fin en lugar de caer en "imposiciones". "Si se les incentivara fiscalmente o con suelo público, la cosa sería diferente, porque esa obligación de ceder viviendas para fines sociales nacería de un pacto o colaboración", recalcaba. 

Por su parte, el director ejecutivo de la consulta inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ve inoportuno que sean los Ayuntamientos quienes tengan la competencia de decidir cuáles son las zonas de los términos municipales que presentan un mercado especialmente tensionado. De esta forma, considera que la medida "abre un reino de Taifas en el mercado inmobiliario español".

Del mismo modo, cree que esta nueva propuesta "anulará la inversión en localizaciones consideradas 'de alto riesgo' para los inversores". En cuanto a la definición de grandes tenedores, piensa que es "muy desafortunada" y añade que la fiscalidad para este tipo de figuras "ya era muy negativa" anteriormente. 

Tampoco ha gustado la definición de grandes tenedores a Asipa, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, por considerarlo "discriminatorio e injusto". Con respecto a la propuesta en general, consideran que la ley "no ataca el problema de raíz" y que por lo tanto, "persistirá la escasez de oferta de vivienda en alquiler". En este sentido, añaden que lo que podría haber sido "una oportunidad para alcanzar un gran pacto sectorial sobre la vivienda" se ha convertido en "un paquete de medidas populistas e inconstitucionales".

Los portales de alquiler, en contra

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha tildado la nueva Ley de Vivienda de "nociva" y ha pedido impulsar políticas "que incentiven la aparición de vivienda en el mercado". En este sentido, cree que la medida es "punitiva" para el mercado inmobiliario y "una mala noticia para todas las personas que están en proceso de búsqueda de vivienda".

En cuanto a la reserva de un 30% de los pisos para protección social, considera que acarreará "la desaparición de la obra nueva" y una subida de los precios. Con todo, ha recordado que las medidas para regular el alquiler en Barcelona han supuesto la desaparición del "40% de la vivienda disponible", por lo que entiende que la nueva ley "es trasladar un error local a todo el Estado".

Finalmente, el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, entiende que algunas de las medidas como la congelación de precios o la definición de grandes tenedores "serán poco efectivas" en un mercado como el español. De la misma forma, también ha cuestionado la reserva de viviendas para el alquiler social y el impacto que esto realmente tendrá sobre la ampliación del parque público. 

"Estas medidas pueden provocar una menor inversión en el parque de viviendas por parte de los propietarios", ha añadido Font. Además, considera que la Ley de Vivienda puede conllevar una reducción del parque en alquiler si el arrendamiento ofrece al propietario menos rentabilidad o si se siente desprotegido jurídicamente.