VALÈNCIA (EFE). La fiscal ha rebajado de 5 a 1 año de cárcel la pena pedida para tres empresarios valencianos, un padre y sus dos hijos, por ayudar a blanquear más de 900.000 euros sustraídos de la empresa pública valenciana Emarsa, al ajustar sus peticiones al Código Penal vigente cuando se cometió el delito.
La fiscal Teresa Sandoval también ha rebajado a 6 meses de cárcel (una pena más baja porque confesó) la petición para el empresario Jorge Ignacio Roca, condenado ya a 6 años en el juicio que se celebró en Valencia contra la trama corrupta que desvió 23,5 millones de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia).
Este cambio se debe a que los hechos se produjeron justo antes de la reforma del Código Penal de 2010 que aumentó la pena de blanqueo cuando el dinero lavado proviene de la malversación de caudales públicos, por lo que la pena aplicable era la antigua.
Según ha expuesto la fiscal en la última jornada de juicio en la Audiencia Nacional, en la que ha elevado la cantidad blanqueada de 690.000 a más de 900.000 euros, ha quedado probado que los empresarios Vicente Gil Usedo y sus hijos Vicente y María Gil Blay, dueños de una empresa de abanicos, se valieron de la red creada por el cuarto acusado para blanquear dinero en Andorra.
Usaron para ello las llamadas operaciones de compensación, de manera que Roca lo ingresaba en sus cuentas de Andorra y luego ellos se lo daban en mano, ha explicado la fiscal.
La mecánica, según la fiscal, era la siguiente: los Gil llamaban a Roca para informarle de que tenían una cantidad para llevar a Andorra, Roca se encargaba de que los fondos llegasen a sus cuentas del principado con transferencias desde otras empresas de su propiedad o ingresándolos en persona, y luego quedaban con Roca y le daban el dinero en mano.
Ellos alegaron que se trataba de dinero negro que tenía su empresa, pero la fiscal cree que eran fondos sustraídos a Emarsa: "Han colaborado activamente en toda la operativa de blanqueo del señor Roca y creemos que no podían alegar una ignorancia manifiesta sobre el origen de estos fondos ilícitos", ha dicho.
Ello se apuntala, para la representante del ministerio público, en las relaciones que tenía la familia Gil con diferentes imputados en el caso Emarsa.
"Es imposible justificar, con toda esta colección de indicios, tantas sociedades pantallas, tanto movimiento de fondos, alegar y fundamentar que había una ignorancia total y absoluta sobre los traspasos", ha concluido la fiscal sobre los tres acusados.
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