CASTELLÓN (EP). El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (Castellón) ha rechazado la petición para cerrar el perfil de Facebook del joven muerto el pasado mes de diciembre junto con su expareja, Andrea Carballo, que le había denunciado por malos tratos, al hacer colisionar el vehículo en el que circulaban contra una gasolinera en Benicàssim.
La madre de la chica había solicitado al juzgado el cierre del perfil del presunto agresor en el que éste había colgado fotos de la joven fallecida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La jueza dio traslado de la petición de la familia a la Fiscalía, que se opuso. En una providencia notificada a las partes, la magistrada hace suyo el criterio del ministerio público y rechaza cerrar el perfil en dicha red social del presunto agresor fallecido por considerar que el contenido del mismo "puede ser pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos" que se investigan.
El juzgado sí que ha accedido a la petición de la madre de la víctima y ha aceptado su personación como acusación particular en el procedimiento. La instructora está pendiente de recibir el atestado definitivo de la Guardia Civil para determinar si la colisión mortal fue accidental o provocada.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó a principios de mes la muerte de Andrea Carballo como un caso de violencia de género, una vez recibidos todos los informes realizados, entre ellos, el de Tráfico, que se llevó a cabo en el lugar del accidente mortal.
El hombre ya estaba siendo investigado por el mismo juzgado por tres delitos de lesiones, tras una denuncia presentada por su ex pareja sentimental, fallecida en el choque, a mediados de diciembre.
El juzgado recibió la denuncia, en la que la joven relataba varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación, el 15 de diciembre. Ese mismo día, la jueza tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor. Es la única denuncia que consta de ella contra él en dicho juzgado, ha indicado el TSJCV.
Tras escuchar a ambos, el fiscal apreció indicios de tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. No obstante, el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran contradictorias y no existía parte médico que acreditara las lesiones que relataba la víctima de los distintos ataques, ha añadido.
El fiscal solicitó entonces nuevas diligencias para completar la instrucción. Entre ellas, pidió que se tomara declaración a tres testigos, que se requirieran las grabaciones de un bar en el que la denunciante contaba que había sufrido uno de los episodios violentos y que se pidiera información a un centro médico al que la chica acudió en una ocasión tras una de las agresiones relatadas. En aquella ocasión, la víctima no refirió al personal sanitario el origen de los daños de los que fue atendida.
A la espera de la práctica de esas diligencias, el fiscal pidió que se prohibiera al presunto maltratador acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima por cualquier vía, petición a la que se adhirió el abogado de la denunciante, quien no solicitó ninguna medida complementaria. Ni el fiscal ni el abogado de la víctima solicitaron prisión para el detenido por los hechos denunciados, señala el TSJCV.
El presunto agresor había sido condenado en septiembre 2013 a 64 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior, a la que en una ocasión dio una bofetada cuando volvían de una fiesta y en otra ocasión amenazó. Fue una sentencia de conformidad, en la que el maltratador reconoció los hechos y aceptó la pena que le pedía el fiscal.