Un recurso de los arquitectos suspende el concurso para reformar la residencia pública de Carlet

VALÈNCIA. La reforma de la residencia de mayores de Carlet entra en suspenso. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado paralizar el concurso convocado por la Conselleria de Igualdad para la redacción del proyecto de reforma ante las dudas sobre la legalidad de los requisitos de solvencia exigidos a los licitadores.

La medida responde al recurso especial presentado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) contra el procedimiento por entender que la solvencia técnica exigida en el pliego reduce el número de posibles licitadores a "mínimos inaceptables", ante lo que exige que sea rebajada "drásticamente" para permitir una efectiva competencia entre empresas.

Tras analizar este recurso, el tribunal ha acordado suspender cautelarmente el proceso administrativo, sin afectar al plazo de presentación de ofertas, hasta que se resuelva sobre las cuestiones que motivan el recurso.

La Conselleria de Igualdad licitó a finales de mayo la redacción del proyecto de reforma y mejora de las instalaciones de la residencia de Carlet por 360.000 euros. La adjudicación estaba prevista para septiembre, con un plazo de ejecución de 6 meses.

Las obras contemplan la ampliación de algunas de las zonas ajardinadas, la ampliación del salón de actos, así como la zona de gimnasio y la sala de rehabilitación. La obra incluye también el aislamiento acústico y térmico de los espacios de ocio y paso, además de nuevos revestimientos y pinturas para una mejor iluminación de los espacios interiores.

El CTAV plantea dos objeciones al pliego. Además de cuestionar la excesiva solvencia técnica exigida, denuncian que la documentación del concurso no incluya el anteproyecto base de licitación redactado por la Oficina Técnica de Proyectos y Obras de la Conselleria
de Igualdad.

La entidad argumenta que los términos en los que se justifica la solvencia técnica exigida en los pliegos contraviene lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, en el que la cuantía de los trabajos no se valora para determinar la similitud al contrato en cuestión porque lo que se pretende es la similitud de las obras a nivel técnico y no económico.

"Es exigible que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas y que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores, y con este contrato se discrimina a muchos de los posibles licitadores, precisamente por la cuantía", denuncian el CTAV en su recurso.