Consolidar con nueva legislación las malas prácticas no conduce a una mejor administración, sino a la divergencia entre comunidades autónomas
Es un hecho ampliamente aceptado que la educación es la principal herramienta que posee una sociedad para lograr mayor equidad tanto entre regiones como entre ciudadanos. Sin embargo, tal y como muestran los informes de Pisa, las diferencias en niveles de conocimiento en matemáticas entre alumnos de 15 años llega a ser de hasta dos cursos académicos entre algunas regiones españolas. La evolución de los diferentes sistemas universitarios españoles muestra ya signos evidentes de seguir el mismo patrón, por lo que en un país donde los alumnos universitarios estudian mayoritariamente en su región de origen asegurar la calidad y la eficiencia de sus universidades debería ser un objetivo prioritario.
Dicho esto, hace unos días se dio difusión a un borrador de una reforma sobre la ya reformada Ley de Universidades, denominada actualmente Lomlou (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, aprobada en 2007). En mi opinión, tras leer este borrador, su contenido es muy decepcionante pues básicamente se centra en un único de los múltiples problemas que aquejan a nuestra universidad, el del profesorado. Para ello, busca aprobar el llamado Estatuto del PDI (Personal Docente e Investigador), es decir, regular de nuevo los tipos de profesorado, sus tareas y el acceso a la profesión.
Resulta curioso que, tras 13 años sin reformas, en los primeros seis meses de cartera del Ministro Manuel Castells se presente una reforma de la Ley de Universidades que tan sólo atiende a una de sus dimensiones que, siendo importante, no deja de ser un tema corporativo.
Dos intentos de reforma anteriores, comenzaron sendos comités de expertos, en cuyos trabajos tuve la fortuna de participar con diferentes cometidos. El primero en 2011 (siendo ministro Ángel Gabilondo y presidido por Rolf Tarrach) y el segundo en 2013 (encargado por J.I. Wert). Ambos efectuaron diagnósticos similares y propuestas un tanto distintas pero compatibles si se hubiese hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo de los dos grandes partidos que los promovieron. En ninguno de los dos casos se produjo una reforma de calado, guardando en un cajón el informe.
Sigue siendo urgente en esta década, como lo fue en la anterior, plantearse muchas cuestiones de fondo, en su mayor parte organizativas, pero que tienen más que ver con las titulaciones ofrecidas y las necesidades formativas e investigadoras del futuro, que con las plantillas. El curso lógico habría sido responder a los nuevos retos con un diseño previo de los objetivos de la universidad española (que son compartidas en el centro del espectro político) revisar las titulaciones, permitir mayor movilidad a los estudiantes (y a los profesores) y estudiar la financiación de la universidad, utilizando criterios basados en resultados y no en procesos o en número de estudiantes. Una vez puestas las bases, el último paso sería tomar decisiones sobre la contratación de los profesores necesarios para la universidad española del futuro.
Lamentablemente, nos encontramos con otra ocasión perdida. El extenso borrador que está circulando modifica la Lomlou para adaptarla al Estatuto del PDI (y no lo contrario). Aunque una nota positiva es que habla de intensificaciones en la dedicación de los profesores (en investigación, docencia o transferencia) no quedan claros los requisitos, que se dejan a las mesas negociadoras sindicales. Por otro lado, es cierto que la plantilla y los profesores funcionarios han envejecido. Muchos de los que se contrataron en los años 80, cuando se aprobó la LRU (Ley de Reforma del Sistema Universitarios) y los estudiantes crecieron significativamente, están a punto de jubilarse. Sin embargo, el problema no está en la ley. La propia LRU podría ser una norma adecuada hoy en día, lo mismo que la LOU y la Lomlou. El verdadero problema es la mala praxis, la falta de aplicación de la normativa, que siempre ha sido lo suficientemente flexible como para permitir disponer, ya hoy, de una plantilla muy diferente, más estable, más internacional e integrada por profesores con mayor potencial académico.
Por poner un ejemplo, la reforma se ha justificado para corregir la situación de los profesores asociados. Respecto a éstos, nada cambia en la nueva norma, tan sólo se reduce el número de horas máximo (algo que se podría haber aplicado sin cambiar la ley). Los asociados son profesores a tiempo parcial, que sólo pueden ser contratados mientras tengan otro empleo (a tiempo completo). Su importante papel es actuar como conexión entre la universidad y el mundo profesional. El legislador está pensando en un juez o en un inspector de hacienda que dé unas clases, fundamentalmente prácticas, temporalmente. ¿Por qué han crecido? Porque se ha recurrido a ellos para cubrir necesidades que en realidad son permanentes, contratando de buena o mala fe a personas que no cumplían los requisitos profesionales para ser profesores asociados. Sin embargo, ni todas las universidades ni todos los departamentos han actuado así. De nuevo, si algunos no han cumplido la ley, se pide que ésta cambie, en lugar de exigir responsabilidad a quienes, a sabiendas, la han incumplido.
El cambio en la norma cuyo borrador se presenta ahora pretende, entre otras cosas, un mecanismo de consolidación para los asociados recalcitrantes, en detrimento (de nuevo) de personas más jóvenes y con mayor potencial académico. Además, se crean las figuras laborales (no funcionario) de Profesor Titular y Catedrático. Ambos contratos son más caros que sus equivalentes funcionarios, siendo posible su acreditación a través de agencias autonómicas además de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que, con todos sus defectos, aún guarda en sus siglas la palabra nacional. Con ello podrán acceder a puestos similares a los de funcionario los acreditados en su comunidad autónoma, que podrá poner sus requisitos, complementar los salarios y discutir las condiciones de trabajo con independencia de las normas nacionales, ya que los profesores funcionarios lo son de los cuerpos de la Administración del Estado y los no funcionarios dependen de la respectiva autonomía. Por hacer una analogía, sería el equivalente a la Policía Nacional frente a los Mozos de Escuadra.
Consolidar con nueva legislación las malas prácticas no conduce a una mejor administración, sino a la divergencia en las condiciones de enseñanza superior entre las comunidades autónomas. Las que sean más virtuosas o tengan más financiación podrán ofrecer mejores condiciones y atraer a profesionales de mayor calidad. Mientras tanto, los estudiantes no podrán elegir, pues suelen permanecer en su ciudad o provincia. Durante el confinamiento volví a ver el programa de La Clave dedicado a la reforma de la universidad, emitido en septiembre de 1983. Casi 40 años después sigue pendiente, los problemas continúan siendo los mismos, el diagnóstico es acertado, pero la solución está igual de lejos.
