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Ascienden a 13 los detenidos en la operación de Acuamed, uno de ellos en Valencia y otro en Alicante

18/01/2016 - 

MADRID, (EFE). El número de detenidos por la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Frontino' relacionada con el fraude en los contratos de Acuamed asciende ya a 13 personas, según ha informado el Instituto Armado por medio de una nota de prensa. Uno de los arrestos ha sido en Valencia y otro en Alicante.

La operación, que continua abierta, ha corrido a cargo del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Según la Guardia Civil, la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) "presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias".

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

A las 16.00 horas, los agentes de la Guardia Civil habían llevado a cabo trece detenciones: ocho en Madrid, tres en Barcelona, una en Valencia y una en Alicante.

Entre los detenidos hasta ahora destacan el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco.

Además, se han practicado  16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares: ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia, una en Alicante, una en Barcelona y otra en Tarragona.

Asimismo en los próximos días se procederá a citar en calidad de investigados --la figura anteriormente conocida como imputado-- a 35 personas.

Detenido el director general

La Guardia Civil ha detenido esta mañana al director general de ACUAMED, una empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, así como a la directora de Ingeniería, en el marco de una operación policial en la que se prevé realizar una docena de detenciones, incluidos varios empresarios.

La citada operación, que está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha denominado "Operación frontino", y está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En ella se investiga la presunta concesión de contratos públicos de ACUAMED, sociedad que depende del Ministerio de Agricultura, sin pasar los controles legales exigidos.

En estos momentos está siendo registrada la sede principal en Madrid y también las sede en Valencia y en Murcia y por el momento hay dos personas detenidas. Se trata del director general de ACUAMED y la directora de Ingeniería y Construcción.

No obstante, según las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, se prevé, en el marco de esta operación, una docena de  detenciones incluyendo a varios empresarios presuntamente beneficiados por las prácticas irregulares investigadas.

Además, está previsto que se realicen en torno a una veintena de entradas y registros en propiedades.

Entre los detenidos hay dirigentes de Acuamed y empresarios, según estas mismas fuentes que indican que la operación continúa abierta. Entre los detenidos hasta ahora destacan el director general de la empresa, Arcadio Mateo, y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco.

El juez Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dirige en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción la operación, bautizada como 'Frontino' que ha sido desplegada este lunes contra la empresa Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Por orden del magistrado, la Guardia Civil ha detenido al director general de la empresa, Arcadio Mateo y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, y registra a estas horas la sede de la compañía y de otras vinculadas con ella ante las sospechas de corrupción en el desarrollo de infraestructuras públicas acuarias en la cuenca del Mediterráneo, han informado fuentes jurídicas.

Fuentes fiscales han precisado que el Ministerio Público relaciona a varios empleados de esta empresa con la comisión de delitos de prevaricación, fraude y falsedad en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.

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