El debate, en algunos ámbitos combate (entre Compromis y PSPV) sobre los “remanentes” municipales y la pretensión del Gobierno de recibirlos, ha adquirido estos días tintes de ‘culebrón’ político: trompos derrapantes de 360 grados, batallitas de egos, trilerismo, trifulcas, distorsiones interesadas y patinazos sonados. Mucha posverdad.
Había acuerdo unánime en la Federación Española de Municipios y Provincias desde el 22 de mayo de 2020, pero de pronto Sánchez creyó encontrar un atajo para tapar el inmenso agujero generado por su negligente gestión. Y a partir de ahí, los representantes socialistas, a rebufo sumiso, con especial sobreactuación acelerada en los del Ayuntamiento de Valencia, se han apartado de aquel consenso, dado un volantazo a la mediana, para circular en dirección contraria a todos los demás.
Así que nos hemos visto inundados de posverdades como, entre otras, las de este DECÁLOGO DE LA FALACIA:
1. La ley ‘Montoro’ 2/2012 de estabilidad presupuestaria no impide al Gobierno de España a destinar un fondo de emergencia a los Ayuntamientos, sin condicionarlo a que éstos antes les entreguen lo que han ahorrado.
2. La norma, con origen en la grave crisis económica generada durante el anterior gobierno del PSOE, además de haberse podido reformar (Sánchez es Presidente desde el 2 de junio de 2018), se puede suspender. Así lo prevé su propio articulado y además lo ha autorizado la UE.
Y prueba de que se puede, es que en su rectificación tras el rechazo masivo al Decreto-Ley, el Gobierno ahora ha anunciado que Io hará: “suspenderá la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit.”
3. No es cierto que la norma solo permita destinar los remanentes a amortizar deuda. También a inversiones financieramente sostenibles e incluso a pagar las llamadas “facturas en los cajones” (cuenta 413), como han venido haciendo los Ayuntamientos.
4. El RDL derogado obligaba además a que los Ayuntamientos dedicaran los fondos recibidos sólo a cuatro finalidades restringidas: sostenibilidad, políticas de género, programas culturales y movilidad. No a las familias, ni a los desempleados, ni a aliviar las cargas de los comerciantes y autónomos asfixiados.
¿Ustedes entregarían sus ahorros a Sánchez, para que les devolviera a cuentagotas su propio dinero, y sin poderlo gastar en comprar comida, reparar electrodomésticos, pagar la luz, costear medicinas, la educación de sus hijos o lo que considerasen prioritario? Pues eso.
5. Pero es que, además, en cuanto al plazo de devolución, el acuerdo con la FEMP se cerró a 10 años, pero cuando se publicó en el BOE eran ya 15.... y a contar desde 2022, o sea, 17. Hasta 2037 (¿todos calvos?). Y prorrogables.
6. No se preveía plan de amortización, ni garantías, en la devolución a los Ayuntamientos de sus recursos. ¿Nos fiamos de Sánchez, que nos tiene acostumbrados a decir una cosa y la contraria sin inmutarse?
7. Falacia también es incluir en las cuentas de lo que recibiríamos si aprobábamos el Decreto y entregábamos los ahorros, el importe del Fondo de Transporte, que el Gobierno de España debería ya haber aportado para evitar el colapso de los servicios municipales.
8. Lo mismo podemos decir de otros conceptos que se han mezclado, confusa e indebidamente en la ‘termomix’ de lo que recibiríamos si se aprobaba el fallido Decreto, como los relativos al Ingreso Mínimo Vital.
9. Una de las ‘posverdades’ más capciosas: las ‘cuentas’ con las pretendidas “nuevas versiones” del Decreto. Porque lo que se votó el jueves pasado fue la norma tal como se publicó el 4 de agosto, sin ninguna mejora posterior, compromiso ni concreción. Ni 20, ni 43, ni 60, ni 90, ni 113 millones... que es el ‘cuento’ de la lechera que han ido hinchando, día a día, sin pudor, los socialistas de Valencia, y al que, por cierto, sumaban los 36 que previamente habíamos de aportar.
10. Y la mayor falacia: repetir que no había otra opción que aprobar ese Decreto Ley. No era verdad, como dijimos muchos (31 alcaldes de 14 partidos y 193 votos No en el Congreso), y el gobierno ‘rectificando’ después en parte, lo ha puesto en evidencia.
¿Puede dotar el Gobierno un fondo de emergencia para los Ayuntamientos de 5.000 millones (ahora hablan de 3.000), desvinculado de la entrega de los ahorros municipales? Claro que sí: como se ha hecho con las CCAA.
¿Puede acordarse que los fondos recibidos puedan dedicarse por los municipios a lo que sus necesidades requieran, como recuperar la economía o el empleo, y no solo a lo que el Gobierno ordene? Porque con el decreto no se podía.
¿Puede aportarse por el Gobierno un Fondo para el Transporte público municipal? Puede y debe hacerlo porque nada tiene que ver con la entrega de remanentes y la situación es insostenible.
Es más, todo llega ya tarde. Porque no es ninguna ley la que obliga a hacer recortes, sino no haber recibido aún el oxígeno de los fondos estatales (adicionales a los que pertenecen a los municipios), ni acordado la liberación de los déficits para poder atender todas las caras de la emergencia.
Así que menos posverdades y más diálogo. Y, sobre todo, que envíen los recursos. Pero ya. Porque urge. Y esto sí que es verdad.