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Remitido al Congreso el proyecto para adaptar el mercado de CO2 a la UE

11/06/2024 - 

VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha acordado este martes remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que modifica el régimen de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y lo adapta a las modificaciones que se han efectuado en el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se aplica en la Unión Europea (UE).

Las directivas europeas prevén que se eliminen gradualmente los derechos de emisión gratuitos para las empresas desde 2026 hasta 2034 y se creará un nuevo régimen separado para el combustible para el transporte por carretera y los edificios que pondrá un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores en 2027 (o 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos).

Además, se incluirán por primera vez en el sistema de comercio de derechos de emisión las emisiones del transporte marítimo, con obligaciones para las empresas navieras de entregar derechos de emisión que se introducirán gradualmente: 40% para las emisiones verificadas a partir de 2024, 70% a partir de 2025 y 100% a partir de 2026.

De igual modo, los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación se eliminarán gradualmente y se implementará la subasta completa a partir de 2026. Hasta el 31 de diciembre de 2030, se reservarán 20 millones de derechos de emisión para incentivar la transición de los operadores de aeronaves desde el uso de combustibles fósiles.

La UE también ha adoptado reglas para el nuevo Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE, que gravará las importaciones de productos como el acero, con el objetivo de incentivar a los países fuera de la UE a aumentar su ambición climática.

Los bienes cubiertos por esta normativa son el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno, así como las emisiones indirectas bajo ciertas condiciones, de modo que los importadores de estos bienes tendrán que pagar cualquier diferencia entre el precio del carbono en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en la UE. El nuevo mecanismo se introducirá gradualmente desde 2026 hasta 2034, al mismo ritmo que se eliminarán los derechos de emisión gratuitos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicperesidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que la modificación se realiza para adecuar las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad para conseguir que sus emisiones estén un 62% por debajo en 2030 de lo que estaban en el año 2005.

A su vez, incorpora a la asignación gratuita de derechos de emisión algunas tecnologías limpias que no emiten y que Ribera ha calificado como "importantes en la transformación del sistema energético, precisamente para incentivar el que estén cada vez más presentes, por ejemplo la producción de hidrógeno verde".

También ha añadido que el texto reduce las asignaciones a los sectores industriales, y al sector de la aviación, que ya forma parte de este sistema europeo de comercio de derechos de emisión, mientras que amplía la aplicación al transporte marítimo, a las emisiones procedentes del transporte, del transporte marítimo de pasajeros y mercancías. Además de esto, incorpora la directiva por la que se establece un régimen específico paralelo para poder conseguir la reducción de emisiones del sector de transporte por carretera y del sector de la edificación.

En este sentido, la ministra ha especificado que estos son ámbitos en los que las obligaciones "no están dirigidas a los usuarios finales, sino a aquellas empresas que venden los combustibles para este destino". Aunque empieza con un sistema de monitoreo este año, toda la aplicación no será efectiva hasta 2027.

Además, Ribera ha detallado que el proyecto de ley incluye en la legislación la posibilidad de introducir en frontera una tasa para aquellos productos procedentes de terceros países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones parecido al español con la intención de asegurar un sistema equivalente, "un sistema de protección que no dañe la competitividad de la industria europea".

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