Respuesta a un ministro tramposo

Resulta más convincente Mónica Oltra cuando argumenta que con el dinero per cápita que recibe el País Vasco la Comunitat Valenciana no sólo no tendría déficit, sino que amortizaría deuda –salió el viernes en los boletines del 24H de RTVE, en valenciano subtitulado y con su nombre en castellano– que cuando interpela a Cristóbal Montoro para que le diga a cuántos niños hay que dejar sin colegio o qué hospitales tiene que cerrar la Generalitat para cumplir el objetivo de déficit.

Los dos argumentos son igual de válidos, pero la demagogia del segundo chirría. Frases del estilo ‘con este dinero podían haberse construido nosecuántos colegios y haberse comprado la mar de ambulancias’ están muy manidas y son fáciles de contrarrestar porque, como es lógico, la Generalitat dedica presupuesto a gastos que son menos importantes que la asistencia sanitaria o la escolarización, como puede ser la organización de una serie de conciertos de Raimon, que a mí también me gusta y no digo que no se lo merezca. O el anuncio gratuito de la compra nada gratuita de la concesionaria del Hospital de Dénia, que merece comentario aparte (al final de este artículo).

La respuesta a las trampas argumentales del ministro de Hacienda en funciones, que exhibió todo su repertorio en su reaparición para justificar el fracaso con el déficit de 2015, no es la demagogia, ni siquiera la referencia a los “pufos” de Alberto Fabra que tanto gusta en Hacienda.

La respuesta para que lo entiendan en el resto de España es la que dio Oltra el viernes, mejor aún si en vez de compararnos con el País Vasco, que tiene un régimen económico especial, nos compara con lo que reciben los riojanos, los cántabros o los castellano-leoneses: El día que los valencianos recibamos el mismo dinero per cápita que los riojanos cumpliremos el objetivo de déficit. Así, un día tras otro. Además, si lo dice Oltra, mejor, porque tendrá más audiencia en los medios nacionales.

Montoro no está en condiciones de exigir a la Comunitat Valenciana que cumpla el objetivo de déficit porque él no ha cumplido la obligación legal de revisar el sistema de financiación autonómica que, precisamente, provoca buena parte de ese déficit. Eso, sin contar cómo parte y reparte el ministro el objetivo de déficit, cargando a las comunidades autónomas con el grueso del recorte y quedándose él con la mejor parte, en este caso la más pequeña.

Ni siquiera tiene razón el ministro en funciones cuando dice que las comunidades se han relajado en el control de déficit, al menos en el caso de la valenciana, donde el aumento del gasto de personal se justifica sobre todo por la paga extra de 2012, cuya devolución provocó el propio Montoro en la precampaña electoral, mientras el aumento de los gastos generales se debe, sobre todo, al coste del tratamiento de la hepatitis C. Hasta la inversión de la Generalitat descendió, nada menos que un 14%.  

Teniendo en cuenta que era un año doblemente electoral y que a mitad de ejercicio llegó un nuevo Consell contrario al mal llamado austericidi, el resultado es malo respecto al objetivo pero ajustado a las previsiones.

Una ocurrencia de Ximo Puig

El president de la Generalitat visitó esta semana Pedreguer sin llevar preparada una respuesta a los vecinos que reclaman la apertura de un centro de salud en el municipio. Quizás se enteró allí de que existía esta reivindicación ‘histórica’ cuya satisfacción corresponde dar no a la Conselleria, sino a la empresa concesionaria Marina Salud, que gestiona el área de salud 13 (Marina Alta). Quizás se calentó al comprobar de primera mano que en esa área de salud las cosas no funcionan como deberían. Y la armó.

Puig ordenó allí mismo a los consellers Vicent Soler y Carmen Montón que iniciasen negociaciones con DKV –accionista mayoritario de Marina Salud– para revertir la concesión.

El anuncio sorprendió por igual en la conselleria de Sanidad, donde Monton ya tenía claro que en esta legislatura sólo será posible recuperar la concesión de Alzira porque es la única que vence, como en la de Hacienda, que, ocupada en preparar argumentos para echar las culpas al PP del alto déficit de 2015, se encontró con un encargo absurdo en estas circunstancias.

Las únicas formas de rescatar la concesión son cancelar el contrato –indemnizando a Marina Salud– o comprar la participación de DKV –65%–, en ambos casos con un coste no inferior a 60 millones, probablemente más. Si la Generalitat tuviera 60 millones para invertir, hay muchas prioridades antes que comprar la concesión de un hospital público que, si no funciona como debería, hay mecanismos para obligar a la concesionaria a que funcione bien.