Puig y Moreno exigen un sistema de financiación con más dinero y basado en la población ajustada 

Los 11 puntos de la declaración institucional Puig-Moreno Bonilla

1. Ha existido y existe un claro problema de insuficiencia global, pues no se han podido mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios a los que aspiraba el acuerdo en el que se basó el sistema al ser aprobado en 2009, pese al volumen de recursos adicionales aportados por este sistema con el objeto de reforzar el Estado del Bienestar, en comparación con el sistema de 2002, no obstante la aplicación práctica del nuevo modelo ha puesto de manifiesto importantes desequilibrios en la equidad horizontal del mismo. En 2019 la insuficiencia global para el conjunto de las CCAA de régimen común asciende a 16.400 millones de euros.

2. El SFA ha seguido siendo discriminatorio, complejo y poco transparente. En la actualidad sigue generando diferencias de recursos entre comunidades de más de 30 puntos porcentuales por habitante ajustado. El gasto en SPF por habitante ajustado de las comunidades forales supera, a su vez, en 30 puntos porcentuales el gasto medio de las de régimen común.

3. La capacidad de las CC.AA. de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan. Esta falta de capacidad normativa en imposición indirecta ha supuesto una merma de los recursos para la CC.AA. de más de 72.400 millones de euros entre 2010 y 2018, con concreto 11.400 millones en el último año. Por tanto, es necesario en aras del principio de Lealtad Institucional que las CC. AA puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos.

4. La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el necesario escenario de modernización de nuestra estructura fiscal y especialmente en materia de imposición medioambiental.

5. En un estado descentralizado la cooperación entre los gobiernos es necesaria para coordinar las múltiples funciones desempeñadas por las distintas administraciones y dar respuesta a los problemas de funcionamiento sobrevenidos. Durante las crisis la cooperación institucional resulta más necesaria.

6. El conjunto de Comunidades Autónomas requieren más financiación. La gran responsabilidad de las Comunidades Autónomas son los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) ya que van dirigidos directamente a las personas. Por tanto, el nuevo modelo de financiación debe aportar más recursos a todas las Comunidades Autónomas (equidad vertical) y corregir la inequidad horizontal mediante un sistema que tenga como criterio principal de reparto a las personas beneficiarias de los servicios públicos fundamentales. Este criterio de reparto territorial de recursos debe basarse en el concepto de población ajustada, concepto que deberá ser consensuado por el conjunto de las Comunidades Autónomas.

7. Andalucía y la Comunitat Valenciana han presentado históricamente un gasto público por habitante inferior a la media de las Comunidades Autónomas de régimen común (y mucho más a las de régimen foral). En los últimos años, ambas se han esforzado por converger a la media de las Comunidades Autónomas de régimen común, principalmente en los servicios públicos fundamentales. La priorización de estos servicios públicos fundamentales junto con la falta de ingresos y el establecimiento de reglas de sostenibilidad fiscal han provocado un sacrificio en términos de políticas de desarrollo regional y la generación de un déficit estructural.  

8. La insuficiencia financiera desde el inicio de la gran recesión ha provocado que el endeudamiento de las CC.AA. de régimen común sufriera entre 2007 y 2015 un incremento de 190.000 millones de euros. La incidencia en la deuda de la Generalitat Valenciana y de la Junta de Andalucía ha sido más pronunciada debido a su infrafinanciación.

9. Ante el escenario planteado por la crisis del COVID-19 los problemas de insuficiencia global y de asimetrías entre CC.AA. han de ser contemplados junto a otros temas que el Gobierno ya está abordando, como la modernización del sistema tributario y la reforma del sistema público de pensiones. En las circunstancias actuales la asimetría en la financiación se torna más dramática, pues incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción.

10.  Los fondos europeos del programa NGEU deberán ser el instrumento básico que permita recuperar los niveles de prosperidad previos a la pandemia, por ello es esencial que las Comunidades Autónomas tengan un papel mayor en la gobernanza del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento.

11.  Dado que para la reforma del sistema de financiación requiere de un amplio consenso político entre administraciones y fuerzas políticas que implica un tiempo para formulación, se hace necesario la adopción de medidas transitorias que nivelen la financiación de las CCAA que resultan infrafinanciadas por el actual modelo. Por ello, se propone la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema que equipare a las Comunidades infrafinanciadas con la media nacional. De esta forma, se corrige el desequilibrio horizontal (entre CCAA) de los recursos del sistema de financiación que padecen las autonomías que reciben una financiación por debajo de la media, sin perjudicar al resto.