Vicent Soler, conseller de Hacienda. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Ximo Puig sorprendió este martes al sector sanitario al anunciar en Pedreguer (Alicante) que había ordenado a los consellers de Sanidad, Carmen Montón, y de Hacienda, Vicent Soler, el rescate de la concesión del área de salud de la Marina Alta, incluido el hospital de Dénia, sin concretar bajo qué fórmula. El president del Consell habló de compra de la participación de DKV -accionista mayoritario de Marina Salud, con un 65%-, de reversión de la concesión y hasta de expropiación, aunque está última opción la descartó él mismo.
Montón se puso rápidamente en contacto con el consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, mientras Soler sacaba la calculadora para comprobar que los números no salen y que en estos momentos es imposible afrontar un desembolso económico como el que necesita el rescate por cualquiera de sus vías. De hecho, según fuentes de las concesionarias, la Generalitat les debe ahora mismo tres mensualidades, que suman unos 150 millones de euros.
Acabar con la concesión ahora mismo supondría un coste para la Generalitat de al menos 60 millones, que es la amortización pendiente del hospital de Dénia, a lo que habría que sumar el lucro cesante de la empresa concesionaria y los costes laborales en caso de despido del personal para contratar mediante concurso de méritos.
Marina Salud SA, participada en un 35% por Ribera Salud, tiene la concesión del área de salud número 13 (Marina Alta) desde 2009 hasta 2023. Tras construir el hospital de Dénia y hacerse cargo de los centros de salud y de especialidades de toda el área -por los que paga un canon a la Conselleria, propietaria de los inmuebles-, la empresa tiene reconocido un derecho de cobro que sumaba 81 millones desde 2015 hasta el final del período concesional, según figura en su balance.
A cambio, Marina Salud debe prestar la asistencia sanitaria gratuita como cualquier hospital público y debe invertir en mantenimiento y mejoras de las instalaciones. En 2023, si no se aplica la prórroga de cinco años contemplada en el contrato, la gestión pasará a manos de la Conselleria y la propiedad del hospital también.
Consciente del alto coste que tendría cancelar de golpe todas las concesiones, la propia consellera Montón sólo se había comprometido a acabar en esta legislatura con la concesión del hospital de Alzira, que termina en 2018 y no se renovará, mientras que con el resto intentará una "reversión responsable".
La otra solución apuntada por Puig en Pedreguer es la compra del paquete mayoritario que ostenta la aseguradora alemana DKV en Marina Salud. Una operación que no tiene visos de salir adelante no solo por los apuros económicos de la Generalitat, sino porque el otro socio, Ribera Salud -participada por el banco Sabadell y el grupo americano Centene-, tiene muy avanzadas las negociaciones para hacerse con ese 65%, como adelantó Valencia Plaza hace dos meses.
Además, según fuentes de la empresa concesionaria, ambos socios tienen derecho de tanteo sobre la participación del otro, lo que significa que si la Generalitat alcanzara un acuerdo para comprar la parte de DKV, la empresa que dirige Alberto de Rosa podría quedársela por ese precio.
Además, según la memoria anual de Marina Salud correspondiente a 2014, la concesionaria tenía una deuda con sus socios de 72 millones de euros, ya que fueron ellos los que financiaron su puesta en marcha. De esa cantidad, 25 millones se debían a Ribera Salud y el resto a firmas vinculadas a DKV, con plazos de pago hasta 2019.
Puig abogó por encontrar una "formula razonable y financiable" para el rescate por parte de la Generalitat, que defiende un "modelo de salud pública universal" en toda la Comunitat, y justificó su anuncio de inicio de las conversaciones en el caso de La Marina Alta porque en este departamento "se ha evidenciado más que la privatización no ha funcionado".
"No significa que estemos en contra de la salud privada, pero pensamos que tiene que haber un sector público y un sector privado", afirmó, para añadir que, en cualquier caso, desde la Generalitat se debe garantizar que "todos los ciudadanos sean iguales ante la enfermedad y sean tratados por igual".
Igualmente, Puig recalcó que existe "un déficit en infraestructuras en el ámbito local de La Marina porque se trata de una comarca en la que, cada vez, hay más gente de fuera que tiene que ser atendida, aunque no esté empadronada, y ello conlleva un gasto que el Estado no nos paga y que necesariamente tiene una derivada, que es tener una financiación justa para los valencianos".
El President del Consell también se refirió al encuentro que mantuvo con las personas que estaban concentradas para solicitar la puesta en marcha del nuevo centro de salud de Pedreguer y, al respecto, destacó que están exigiendo "lo que es justo, que es tener un centro de salud en condiciones".
Ximo Puig, durante su visita a Pedreguer. GVA
