Adiós Imelsa, hola Divalterra

VALENCIA. Imelsa comenzará a desaparecer del imaginario colectivo en las próximas semanas. Al menos esa es la intención de la cogerencia de la empresa pública vinculada a la Diputación de Valencia liderada por Víctor Sahuquillo (PSPV) y Agustina Brines (Compromís), que ha impulsado una revolución en la sociedad dependiente que va más allá del propio nombre y la imagen, alcanzando al propio objeto social y objetivos del ente. Unas medidas adoptadas para tratar de dar un fuerte impulso a una empresa manchada por las consecuencias de la Operación Taula.

Así, uno de los primeros pasos que será concretado en breve es el cambio de nombre: Imelsa pasará a convertirse en Divalterra. Una nomenclatura diferente sobre la que venía trabajándose desde hace semanas y que irá acompañada por una nueva imagen que se dará a conocer este mes.

Al mismo tiempo, desde la dirección de la empresa también se ha impulsado la contratación de una consultora, concretamente Improven, para lanzar un proyecto que se centre en crear una cultura de empresa en Divalterra que fomente la transversalidad de todas las líneas de trabajo y refuerce la comunicación interna en la plantilla. Un proceso para el que se servirán de herramientas como el coaching y donde también se pondrá el foco en ámbitos como la ética empresarial.

Una manera de buscar un golpe de timón para una empresa que, tras el estallido del caso Imelsa, sufre problemas de funcionamiento interno, dificultades en las relaciones interdepartamentales y, en general, tal y como explicó la cogerente Agustina Brines en una entrevista a Valencia Plaza, un grave problema de prestigio y confianza tras la etapa del PP: "Hay personas que han borrado de su currículum que trabajan en Imelsa".

No es la única medida. Esta misma semana se inició una ronda de reuniones con los consejeros del ente para poner sobre la mesa un primer borrador sobre los nuevos estatutos en los que se abordó la ampliación y redefinición del objeto social de la empresa, vigente desde 1989. La intención, según fuentes de la empresa pública, es "ampliar de forma pormenorizada" el citado objeto "para abrir el campo a la Junta General o a la propia Diputación por si quiere ejercerlo en su máximo desarrollo".

En este sentido, también se ha puesto en marcha en Imelsa, en breve Divalterra, el sistema Corporate Compliance que implementa la propia empresa para la prevención del delito. Así, este modelo, impulsado por el director de los servicios jurídicos de Imelsa, José Luis Vera, se encarga de definir una serie de posibles delitos según un estudio de los riegos del ente para, a través de un sistema complejo e independiente, establecer unos mecanismos de control así como protocolos para la anticipación de esos posibles delitos. Este tipo de herramienta se utiliza con frecuencia en Estados Unidos y también en algunas grandes empresas privadas en España, si bien es casi inédito en sociedades públicas nacionales, según aseguran desde Imelsa.

Las mismas fuentes señalaron que, hasta el momento, se ha concluido una primera fase de esta Corporate Compliance y, con la modificación estatuaria, se pasará a otro nivel con la creación de la figura del director de Cumplimiento además de aprobar la normativa para el sistema de vigilancia y del control del delito. En esta línea, se ha organizado para junio un curso de formación para directivos y técnicos superiores con el departamento de Derecho Penal de la Universitat de València para darles a conocer este modelo.

Por otro lado, también se están estudiando cambios en uno de los apartados más costosos y al mismo tiempo discutidos de Imelsa: las brigadas forestales. En este ámbito, donde ha existido polémica por las contrataciones llevadas a cabo en los últimos años, se trabaja ya en medidas para incrementar la profesionalización de los brigadistas así como en analizar la redistribución actual de las bases forestales en la provincia de Valencia.