VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) ha pagado ya los 3,4 millones de euros que debía abonar a unos vecinos de la localidad por un suelo, ubicado en la urbanización de Montealcedo, valorado en 879.000 euros tras un desacuerdo con sus propietarios en 2010.
El consistorio ha explicado, en un comunicado, que este pago se ha llevado a cabo atendiendo a lo establecido en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por la ocupación de unos terrenos por parte de la administración municipal en los años 70 para destinarlos como futura zona verde --en su momento fueron valorados en 879.000 euros-- "después de rechazar una expropiación que habría rebajado considerablemente la cantidad pagada finalmente".
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha detallado que los hechos arrancan en julio de 2010 cuando la familia propietaria del terreno solicitó al consistorio --entonces gobernado por el PP--- un expediente de justiprecio sobre las parcelas para llegar a un acuerdo amistoso entre ambas partes respecto a su valor y después de seis meses de silencio sin que el equipo de gobierno se pronunciase al respecto.
Los reclamantes presentaron una hoja de aprecio al ayuntamiento por un montante de 6,7 millones de euros cuya solicitud, tanto la cantidad reclamada como la expropiación de las parcelas de 58.000 metros cuadrados, fue rechazada por el pleno municipal con la mayoría absoluta del PP, ha agregado la administración local.
El consistorio ha señalado que la expropiación de estos terrenos, que habría rebajado la cantidad pagada, "estaba amparada en la ley urbanística valenciana de 2005" y "habría supuesto un ahorro económico notable a las arcas municipales de entre 2 y 3 millones de euros".
El Ayuntamiento resalta que el fallo de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia estima el recurso de los propietarios de los terrenos aunque con una reducción dado que los 6,7 millones de euros solicitados por los demandantes han pasado a ser 3,4 millones a los que se añaden 860.000 euros en concepto de intereses.
El consistorio ha comentado que una parte de los citados terrenos estaba calificada como sistema general mientras que la otra, se consideraba "dotacional de carácter local" y ha resaltado que nunca se llegó a concretar ningún tipo de acuerdo entre los propietarios y los herederos del suelo para evitar llegar a instancias judiciales.
Asimismo, ha señalado, atendiendo a lo recogido en el fallo, que "han quedado dos bolsas de suelo urbano que ni se han expropiado ni han sido adscritas a ningún plan parcial o urbanización". "Cierto que es una anomalía pero la responsable no es la solicitante de la expropiación; no se debió permitir la ejecución de las urbanizaciones sin incluir la zona verde que se debió obtener asignando aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación cargo a los propietarios de la urbanización", expone.
Para hacer frente al citado pago, el consistorio abonó en diciembre de 2015 un total de 879.000 euros a cuenta de la suma total --a través de otra resolución judicial-- y ahora, en 2019, ha terminado de pagar los restantes 2,5 millones de euros que aumentarán en otros 860.000 euros en intereses.
El actual equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha subrayado el "esfuerzo" que ha realizado el Ayuntamiento para hacer frente a este "pleito urbanístico por culpa del gobierno del Partido Popular, que se negó en redondo a negociar y a entablar un diálogo con los propietarios con total empecinamiento" porque " pensaban que el juzgado les daría la razón".
