VALÈNCIA (EFE). El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria terminará las obras del programa de actuación integrada (PAI) Pous 6 que se aprobó en 1997 por la demora y la inactividad de la empresa adjudicataria, que deberá pagar 38.343 euros por daños y perjuicios.
El pleno del ayuntamiento ha aprobado una resolución en la que ha resuelto la adjudicación del PAI de la unidad de ejecución Pous 6 a la empresa adjudicataria por el incumplimiento de los plazos en el desarrollo y la ejecución de esta actuación.
La decisión adoptada a instancias del gobierno del PSPV ha contado con el apoyo de Compromís y la abstención de Esquerra Unida-Podem, el Partido Popular y Vox, ha informado el Consistorio.
La liquidación global que deberá abonar la empresa adjudicataria corresponde a la indemnización en concepto de daños y perjuicios por valor de 12.271 euros, otros 23.203 euros en compensación en metálico por el aprovechamiento lucrativo a favor del ayuntamiento correspondiente al 10 % del suelo del PAI Pous 6 y otros 2.884 de la garantía definitiva.
El proyecto de reparcelación y urbanización previsto en esta unidad de ejecución, que se remonta a 1997, fue presentado, tramitado y aprobado en el pleno de agosto del año 2000, con el detalle de las parcelas resultantes en la unidad de ejecución.
De esta forma, se habían tramitado todos los procesos burocráticos necesarios para llevar adelante la ejecución de las obras previstas en el programa urbanístico validado por el pleno municipal.
Sin embargo, en febrero de 2004, el director de ejecución de las obras presentó la renuncia a las mismas y meses más tarde, la mercantil adjudicataria cedió ante notario la condición de agente urbanizador a otra empresa para la ejecución del PAI, refrendado, a continuación, por la correspondiente sesión plenaria.
La nueva empresa adjudicataria pidió la anulación del anterior estudio de detalle, presentó una nueva reparcelación y el pleno municipal lo aprobó.
En el año 2007 se acordó la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución afectada y se concedió la licencia de segregación de las diversas parcelas resultantes en el proyecto.
Sin embargo, un informe del técnico municipal de octubre de 2008 resaltaba la necesidad de acabar las obras y exigía información a la empresa, que aseguraba que en verano del año 2009 estarán terminadas todas las obras.
En 2012, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) detectó falta de aportación de documentación por parte de la empresa y declaró caducado el expediente de autorización de los vertidos por parte de la unidad de ejecución.
Otro informe municipal constató que el importe de las cuotas urbanísticas es superior al presupuesto inicial y la empresa adjuntó una nueva memoria que es rechaza por otro informe técnico.
En octubre de 2017 se instó a la empresa a presentar un plan de trabajo que desemboca ahora con la resolución de la condición de agente urbanizador.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que esta decisión del pleno municipal "es una nueva prueba del trabajo que debemos realizar desde hace años para resolver todos los problemas recibidos por culpa de una gestión urbanística muy deficiente por parte del PP, por su dejadez palpable y su escaso rigor y criterio a la hora de diseñar el futuro urbanístico de nuestro municipio".