Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El conflicto entre la Conselleria de Sanidad Universal y la Fundación IVO vivió este jueves la entrada en escena de dos actores: por un lado, el president de la Generalitat, Ximo Puig, para aportar a la parte contraria la confianza que había perdido en la titular de la Conselleria, Carmen Montón; por otro, Ribera Salud, concesionaria de la mayoría de hospitales de gestión privada, enfrentada también a la consellera de Sanidad por su decisión de no prorrogar la concesión del área de salud de La Ribera -hospital de Alzira- y revertir la de La Marina -hospital de Dénia-.
La irrupción de la empresa que dirige Alberto de Rosa se produjo en forma de denuncia ante la Conselleria de Transparencia. El escrito fue registrado a media mañana y estaba firmado por el propio De Rosa, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Manuel Alcaraz.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la empresa afirma que ha tenido conocimiento por los medios de comunicacion y por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del "conflicto de interpretación legal del actuar de la administración en la adjudicación del contrato".
Asegura que "en dicho proceso se observa la existencia de graves irregularidades en el actuar de la administración ordenadas a la adjudicación del concierto" de asistencia oncológica.
Destaca la existencia de sendos informes en contra de la convocatoria de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General y señala que "la adjudicación se estaría realizando en virtud de resoluciones internas de la Conselleria dictadas por su propio personal adscrito, siguiendo instrucciones políticas de la propia titular de la Conselleria". En este punto, recuerda una intervención de Montón en Les Corts en la que, asegura, la consellera afirmaba que la acción concertada "se promovía especialmente para resolver la contratación pública del IVO como instituto jurídico privado de carácter fundacional".
Según ha podido saber Valencia Plaza, el informe del abogado de la Generalitat Luis Manent, adscrito a la Conselleria de Sanidad, quien advirtió de la posible ilegalidad de la convocatoria de la acción concertada, fue rebatido este jueves por otro informe de la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez Blasco, dentro de la estrategia de la Generalitat para tratar de disipar las dudas que tenían los patronos de la Fundación IVO.
Hay que recordar que Ribera Salud y otras empresas privadas no pudieron concurrir a la convocatoria al estar reservada a entidades sin ánimo de lucro, gracias a una ley aprobada el pasado mes de marzo que está recurrida por la empresa originaria de Alzira.
Ribera salud habla de "ilegalidad manifiesta" y entiende que se ha evidenciado "un ilegítimo e irregular proceder que incluso podría ser perseguido en la jurisdicción penal".
Duda incluso de la implicación de la Fundación IVO al afirmar que "desde el inicio se persigue por los actores de la adjudicación e incluso por la adjudicataria la consecución de un resultado a sabiendas de su injusticia".
Por ello, Ribera Salud pide a la Conselleria de Transparencia que proceda "a depurar las actuaciones efectuadas que comprometieran o fueran contrarias al orden legal".
La encargada de tramitar la denuncia y, en su caso, investigarla será la Inspección General de Servicios, según explicaron fuentes de Transparencia. El departamento que coordina el subsecretario de Transparencia, Alfons Puncel, es el máximo órgano interno de control e inspección de la Generalitat, encargado de la vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad.
La empresa participada por Centene y Sabadell se presenta como "interesada en la prestación de servicios especializados en la materia" y solicita ser tenida como parte en el expediente que pueda abrir la Conselleria.
