Hoy es 14 de agosto
Feria Valencia, con más de 100 años de existencia, es una infraestructura esencial por su papel como motor económico y está en proceso de reestructuración. El Ayuntamiento de Valencia, que ha venido ostentando la Presidencia de su Patronato, y es el propietario del complejo inmobiliario, debe ser un actor principal en el hoy y el mañana de la institución ferial. Pero lo que estamos viendo es opacidad y confusión.
Opacidad, por la ocultación de información, que ha sido ya reprochada, tanto por el Síndic de Greuges como por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y confusión, porque el Alcalde de Valencia reitera que la concesión a la Generalitat tendrá el mismo plazo de finalización que hasta ahora, produciéndose en 2051 la recuperación de todos los inmuebles. Pero el Consell dice lo contrario: que “la cesión es a perpetuidad”.
No es una cuestión baladí. A estas horas del proceso, debería estar claro si el Ayuntamiento va a recuperar la propiedad por transcurso del término o si Ribó está perdiendo los inmuebles desde ya. Por eso parece oportuno, por si aporta algo de luz, aclarar algunos aspectos esenciales:
1. El Protocolo General de Intenciones sobre la operación, firmado en 2017 por el propio Joan Ribó, establece una asunción de deuda por la Generalitat, y correlativamente, que ésta reciba del Ayuntamiento una concesión demanial sometida a plazo. Es decir, transmitir la Gestión pero no la Propiedad.
2. Ahora, sin embargo, se afirma por la Generalitat, y desvela el Informe emitido por la Secretaría municipal, que “los bienes municipales sí saldrían de la esfera jurídico-patrimonial del Ayuntamiento.” Es decir, que estamos ante la enajenación, y pérdida, para siempre, de la propiedad municipal sobre los inmuebles del recinto ferial.
3. Ante ello, desde el Grupo Popular propusimos al Pleno del Ayuntamiento, entre otras medidas, no aceptar una mutuación demanial, que es la figura que ahora se ha propuesto sobrevenidamente, salvo que se formalice como cesión administrativa de bienes con cláusula de reversión, e incluya entre los supuestos que han de dar lugar a la misma no solo el incumplimiento de fines, sino también la extinción de la concesión por finalización del plazo. Y mantener el Ayuntamiento en la institución que gestione Feria Valencia, poder ejecutivo y de control. Pero Compromís y PSPV votaron NO.
4. No puede decirse que el Ayuntamiento ha de perder la propiedad porque la Generalitat ha asumido la competencia de ferias. Eso supone aducir como obstáculo para mantenerla, justo el presupuesto que establecía el Protocolo en que se pactaba la cesión solo del uso.
5. El Decreto-Ley 2/2017 del Consell, diferencia en el mismo número de su Preámbulo (IV), la operación sobre la “subrogación” en la deuda de IFA (Institución Ferial de Alicante) que “incorpora el compromiso de entregar a la Generalitat los bienes patrimoniales que figuren en su Balance” (apartado 8º), de la asunción de la de Feria Valencia (apartado 6º) en que no establece tal condición.
6. No puede decirse que no hay quebranto patrimonial porque se inscribe un derecho de reversión solo para caso de incumplimiento de los fines, concebido además con mucha flexibilidad, bastando con que se realice alguna actividad compatible con el PGOU. ¿Cómo no va a haber efecto patrimonial para el Ayuntamiento si se elimina el segundo derecho de reversión, el fundamental de transcurso del plazo que, a diferencia del otro, seguro que se produciría?
7. No es cierto que entre Administraciones la única figura posible sea la mutación demanial. O que entre el ente titular de los bienes de custodia y éstos, no hay una auténtica relación de propiedad sino de vigilancia o custodia. Esa doctrina tradicional ha sido superada: es falaz decir que los bienes demaniales, como el dinero público, no son de nadie. Y la Ley 14/2003, del Patrimonio de la Generalitat, establece en sus artículos 66 y 61.2.a, que caben concesiones a otras administraciones públicas, caso en que permite la contratación directa
8. La posición del Ayuntamiento ha ido empeorando desde el Protocolo de 2017 en que sólo se cedía la gestión, pasando después por una desigual permuta, a la situación actual en que se pierde la propiedad sin recibir tampoco otros bienes a cambio.
9. Cuando se habla del coste, se olvida que la inversión está ahí, en un recinto estratégico. Que el fin fundamental de los servicios públicos no es ganar dinero. Y que según el Informe del IVIE de 2017, la repercusión económica quedó cifrada en más de 1.000 millones de euros anuales. Es decir, un impacto de retorno, en solo un año, del total importe de la inversión.
10. Acabamos de leer que “el pacto de los terrenos” no soluciona los problemas de liquidez. Solo faltaría que el alcalde estampara su firma perdiendo los inmuebles y, aun así, la entidad ferial entrara en causa de disolución, por no capitalizar la Generalitat su deuda antes del final de marzo.
No podemos más que pensar que el Alcalde, o desconoce las consecuencias jurídicas de lo que va a firmar, o está faltando a la verdad a la ciudad a la que debe lealtad. Y aún no ha explicado por qué va a incumplir el protocolo que él mismo firmó. Así que, sí al qué, pero no al cómo.
Porque si no corrige el rumbo a tiempo, Ribó pasará a la historia como el alcalde que perdió Feria Valencia: sus inmuebles y su control estratégico. Su fracaso, y su traición a la ciudad, acompañaran su nombre para siempre. Con la complicidad y coautoría, eso sí, no solo de Compromís, sino también del PSPV.