VALENCIA. El caso de los nueve concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia, ahora suspendidos cautelarmente de militancia por su implicación en el caso del presunto blanqueo de capitales, apunta a tener más y más horas de vida. La dirección nacional de los populares sigue -según apuntan fuentes de esta formación- tomando declaración a los miembros del partido investigados, una tarea que parecen tomarse con calma. Un ritmo pausado que muchos atribuyen al deseo de esperar a que el Supremo se pronuncie sobre la situación de la exalcaldesa Rita Barberá.
Una situación que resulta incómoda para el PPCV que lidera Isabel Bonig. Pese al informe enviado por la dirección regional para inducir a la expulsión de los ediles, por el momento el proceso sigue un ritmo lento y algunos ya temen los síntomas de congelación.
En cualquier caso, y aunque finalmente desde Génova se concluyera la necesidad de tomar medidas disciplinarias y proceder a la expulsión del partido de los ediles, éstos podrían mantener su acta como no adscritos.
Ahora bien, en este punto entra el margen de maniobra para el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís. En las últimas semanas se ha apuntado desde su entorno la posibilidad de maniobrar para recortar los salarios de los concejales del PP que fueran expulsados. Una opción que podría adoptarse a través del pleno municipal.
No obstante, esta opción viene perdiendo fuerza en los últimos días. Las fuentes del consistorio consultadas por este diario argumentan que la retirada del sueldo a los ediles podría ser "compleja" dado que con la expulsión perderían "sus derechos colectivos" pero no así "los individuales". Así, y aunque las citadas fuentes no descartan ninguna posibilidad, sí admiten que los concejales afectados podrían recurrirlo.
Un planteamiento ante el que no se puede obviar la mejor situación estratégica que supone para Ribó que los concejales expulsados se mantuvieran en el grupo de no adscritos dado que el PP estaría absolutamente desarticulado en el Ayuntamiento de Valencia, puesto que solo quedaría el actual portavoz, Eusebio Monzó, único no investigado en el caso del blanqueo.
De esta manera, Ribó tendría enfrente al principal grupo de la oposición totalmente disperso. Por el contrario, si elevara la presión sobre los concejales no adscritos buscando fórmulas para retirarles el salario facilitaría que dejaran sus actas, por lo que el PP podría hacer que corriera la lista y entraran ediles de refresco para integrarse en el grupo e incluso recuperar recursos perdidos.
En este sentido, y aunque las fuentes del consistorio consultadas solo se refieren a la problemática administrativa para la retirada de sueldos y no a estos otros elementos tácticos, parece obvio que, más aún con unas nuevas elecciones el 26 de junio, Ribó podría manejar la situación con cierta parsimonia aunque Génova decidiera la expulsión de sus concejales.
Con este escenario, este mismo jueves en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, se vivieron momentos de tensión entre Ribó y Monzó en el debate sobre el uso del balcón del consistorio. El primero, en una muestra de lo interesante estratégicamente hablando que le resulta la situación del PP, se refirió al caso del blanqueo y subrayó que los ediles populares carecían de "ética" y "credibilidad". El segundo, replicó que no le hablara a él de limpieza ya que utiliza su propio coche, va "de puto culo" para defender a su grupo -es el único no investigado- y "no tiene ni a sus hijos ni a su familia en ningún puesto público", en alusión a la polémica por los contratos a familiares del primer edil.