Richard Gracia, fundador de Eslife, director general de Cabify en Valencia 

VALENCIA. La startup española que pone en contacto pasajeros con conductores VTC, Cabify, amplía su servicio en la ciudad de Valencia y ha nombrado a un nuevo country manager -director general- para Valencia, Richard Gracia. Richard es un conocido en el mundo tecnológico de la Comunitat tras fundar Eslife, una compañía que unía a particulares con profesionales de la limpieza y que decidieron cerrar al encontrar problemas legales habituales en las compañías de economía colaborativa.

Cabify ha decidido abrir una oficina propia en la ciudad como centro de operaciones en Levante aunque inició su servicio de forma oficial a finales de 2014.  Se trata de la alternativa legal a los tradicionales taxis, operando bajo licencias VTC (Vehículo de transporte con conductor) y con precios cerrados de punto a punto con independencia del tráfico o la ruta escogida por el conductor.

Recientemente, Cabify captó una ronda de inversión de 120 millones de dólares liderada por Rakuten, el fondo de inversión de la principal compañía de comercio electrónico de Japón, y en la que también participó su inversor anterior Seaya Ventures. Desde su fundación en 2011 la empresa ha realizado tres rondas de inversión por valor de 130 millones de euros. Gracias a esta última inversión la valoración ha aumentado a 280 millones de euros.

Aunque no consiguió librarse de los juzgados lo cierto es que el resultado no fue nada parecido a lo que le ocurrió a Uber y que terminó con su cierre en España. El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid descartó a finales de 2015 dictar el cierre de la aplicación rechazando la petición de la medida cautelar que en este sentido solicitaba la Federación Profesional del Taxi al haber tenido prácticamente tres años para pedirla.

Competencia también pidió eliminar las restricciones que a finales de 2015 el ministerio de Infraestructuras impuso a la expedición de licencias VTC paso previo a una interposición de un recurso contencioso-administrativo. El Real Decreto del Gobierno permite que la Administración Pública, algo que hizo la Conselleria de Infraestructuras, deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta negativa será automática cuando exista más de una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi.

"Dicha  restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros e impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación", aseguraba la CNMC, que se ponía del lado de la tecnológica.