MADRID (VP/EP). La exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá ha negado este lunes que blanquease dinero durante la última campaña electoral. Barberá llegaba al Tribunal Supremo acompañada por su letrado, el exfiscal de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán. Una vez en la sala, la senadora ha contestado durante una hora a su abogado, al magistrado Cándido Conde Pumpido y al fiscal, y se ha acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas de la letrada del PSOE Gloria de Pascual.
En su declaración, la ex primer edil ha reconocido que donó 1.000 euros al partido pero ha negado que le fueran devueltos en B, operación conocida como pitufeo por la que está imputadas casi medio centenar de personas del PP municipal.
Sobre las falsedades que Barberá puso en su escrito de defensa, como que los cuatro asesores que se negaron a pagar eran del vicealcalde Alfonso Grau, este lunes ha tenido que reconocer que una de ellas nunca trabajó para Grau. Este reconocimiento desmonta su tesis de un montaje promovido por Grau.
También ha declarado que ella no sabía nada de la financiación del PP de Valencia. "Yo solo me dedicaba a recabar votos" ha dicho, y acto seguido a apuntado a Alfonso Grau y Alfonso Novo como las personas que gestionaban el dinero de las campañas electorales.
Tras algo más de una hora de declaración, Barberá ha salido del alto tribunal hacia un taxi que la estaba esperando, donde ha entrado junto con sus acompañantes eludiendo las preguntas de la prensa. Un puñado de personas la esperaba y la ha insultado a gritos de "borracha", "corrupta", "vas a pagar aunque te escondas en el Senado", "no te escondas que lo vas a pagar todo".
El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió la investigación a la senadora popular siguiendo el criterio del Ministerio Público y designó como instructor del caso a Conde-Pumpido.
En esta pieza separada del caso Imelsa, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La pieza de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.
La parte de la causa relativa a la exalcaldesa llegó al Supremo mediante exposición razonada del l juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, al entender éste que había motivos para proceder a la apertura de investigación para determinar si los hechos atribuidos a Barberá son delictivos.
En su escrito, el magistrado implicaba a la senadora popular por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.
Además, apuntaba que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce, al igual que ha hecho este lunes, la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran.
Sus explicaciones, no obstante, fueron consideradas "insuficientes" por el juez y no le sirvieron para excluir su posible implicación en los hechos investigados.