VALÈNCIA. El levantamiento del secreto de sumario, que acredita el presunto ‘dopaje’ electoral del PP de la ciudad de Valencia desde hace más de diez años, dentro del caso Taula ha supuesto la puntilla, jurídicamente hablando, para los acusados por blanqueo de capitales. Cincuenta personas, entre concejales, asesores, exasesores y exconcejales estaban pendientes de un hilo hasta esta semana, pues todos ellos, imputados por blanqueo, sabían por las publicaciones de Valencia Plaza que supuestamente, el PP de Rita Barberá se gastó 20 veces más de lo presupuestado en la campaña de las elecciones municipales de 2007, en el caso conocido como RitaGate.
La decisión del magistrado instructor de asumir el delito electoral del año 2007 como un delito electoral continuado no ha hecho más que poner otra losa
Ante el optimismo que ostentaban en público los investigados por pitufeo -blanqueo de dinero en pequeñas cantidades-, el levantamiento del secreto de sumario ha supuesto una dosis de realidad muy difícil de digerir, pues nada de lo conocido ha sido alentador para sus causas. La decisión del magistrado instructor de asumir el delito electoral del año 2007 como un delito electoral continuado no ha hecho más que poner otra losa sobre una tumba jurídica anunciada, pues el auto de procesamiento está cada día más cerca.
Hasta ahora, los presuntos pitufos tenían la esperanza de que la parte que afectaba al año 2007 se diera por prescrita. Sin embargo, el juez instructor, ha considerado que el PP de Rita Barberá lleva haciendo trampas de forma sistemática desde hace más de diez años. De hecho, en los autos relativos a la pieza secreta, tilda el delito electoral de continuado.
Para el magistrado, este delito continuado acredita la entrada de dinero ilícito dentro del Grupo Municipal Popular, evidencia el ‘dopaje’ histórico y, por tanto, acredita la existencia de dinero de procedencia ilícita, lo que apuntala el blanqueo de capitales por el que se encuentra imputado casi todo el grupo municipal.
El fiscal del caso también es contundente en sus afirmaciones. Según el representante de Ministerio Público: "Resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos".
Pero si algo ha llamado la atención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), es a salida de cerca de 700.000 euros de dinero público en contratos pagados por una fundación municipal, el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), por unos trabajos que, sospechan los investigadores, nunca llegaron a realizarse. Quién se llevó el dinero, esa es la pregunta todavía sin respuesta.
Eso sí, las dos personas que deberán dar explicaciones son, por un lado el que fuera mano derecha de Rita Barberá y que firmó el pagos de los contratos, Alfonso Grau, y por otro, el gerente de la empresa con sede en Bruselas que recibió los cheques, Telesforo Julve.
La UCO se presentó hace varias semanas en la sede otra fundación pública, Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB). El organismo, controlado y financiado por el Ayuntamiento, presuntamente donó más de medio millón de euros de euros para la campaña de las municipales de Rita Barberá en 2007. Los agentes, cuando realizaron las requisitorias de información, preguntaron por las facturas y documentos que relacionaran a TVCB con la empresa que llevó la campaña, Laterne Product Council.
Según consta en el sumario, se encontraron con que "toda esta documentación fue destruida, toda. Facturas, órdenes de trabajo o cualquier otro papel que sostuviera la relación comercial entre TVCB y la empresa Laterne Product Council (LPC) o resto de empresas de Vicente Sáez Tormo -ya fallecido- no aparecen en el organismo ahora dirigido por Antoni Bernabé. Es decir, faltaban pruebas porque alguien había ordenado destruirlas.
El sumario también evidencia las estratagemas de algunas de las empresas investigadas. Un power point de 23 páginas fue la documentación, junto a dos facturas, un contrato y una breve explicación, que la empresa valenciana Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) entregó a la Agencia Tributaria para justificar el pago de 150.000 euros que realizó en 2008 a LPC, la firma en torno a la cual gira la investigación judicial sobre presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Rita Barberá de 2007.
El sumario también evidencia las estratagemas de algunas de las empresas investigadas en un power point de 23 páginas
SAV fue adjudicataria en 2005 del concurso de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de València por un período de 15 años y, en su caso, un importe de 392 millones de euros. Obtuvo la contrata de la zona sur, la mayor, con el 44% del total. Las otras dos fueron para FCC y la UTE Secopsa-Nagarés.
Las tres empresas aparecen en la documentación del caso Taula en la lista de empresas y entidades públicas y privadas que supuestamente aportaron dinero para sufragar la precampaña y campaña de Rita en 2007.
En el caso de FCC, un año después de lograr la contrata municipal –335 millones en 15 años–, este grupo firmaba un contrato con la empresa propiedad de Vicente Sáez Tormo para patrocinar por un total de 200.000 euros actos institucionales del Ayuntamiento de València entre octubre de 2006 y marzo de 2007.
El período no era casual, ya que desde finales de ese marzo, dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, este tipo de actos estaban prohibidos por ley. Y a nadie se le escapa que las inauguraciones, fiestas de barrio y otros eventos protagonizados por los cargos públicos antes de elecciones no tienen más interés que el de promocionar al candidato, de ahí que se prohíban dos meses antes de los comicios.
Pero si alguien está en el punto de mira, ese es el exvicealcalde, Alfonso Grau. El testigo principal de RitaGate declaró ante la UCO que Grau fue el cerebro que diseñó las trampas electorales que supuestamente permitieron al PP de Rita Barberá gastarse tres millones de euros en la campaña, 20 veces más del coste oficial.
En la declaración del testigo, el exasesor de Grau Jesús Gordillo, se puede leer literalmente: "Por orden de Alfonso Grau, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el Partido".