FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de València y principal acusado en el caso Alquería, Jorge Rodríguez, ha aportado una pericial contable de parte. Rodríguez contrató un perito para que explicara si “se puede concluir que la gestión del órgano de administración de Divalterra ha perjudicado económicamente a dicha entidad”. Un perito que, obviamente, ha dejado por las nubes la gestión del exsocialista al frente de órgano provincial.
El caso Alquería fue el primer gran caso de corrupción vinculado a los gobiernos de izquierdas salidos de las urnas en 2015. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente Jorge Rodríguez; su asesor Manuel Reguart; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís. Están acusados de malversar cerca de dos millones de euros.
El informe firmado por el perito José Andreu, y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, analiza las cuentas anuales de Divalterra (antigua Imelsa) entre los años 2015 y 2018, años en los que Rodríguez estuvo al frente de la Diputación de València. En sus conclusiones, Andreu afirma que “se puede afirmar que, la gestión del órgano de administración y su presidente Jorge Rodríguez, no han perjudicado económicamente a la entidad Divalterra SA”.
Para llegar a esa conclusión, el perito de parte se basa en las cuentas anuales de Impulso SA, las de Divalterra, el informe de un auditor externo sobre Imelsa correspondiente al ejercicio de 2015, el de otro auditor externo sobre Divalterra de los años 2016, 2017 y 2018, así como en los presupuestos de la propia Divalterra.
Sin embargo, lo más llamativo del informe es que a lo largo del informe no se mencionan o valoran los contratos de alta dirección por los cuales está imputado Jorge Rodríguez. Es decir, se hace una pericial para un caso sin mencionar, en ningún momento, lo que llevó a abrir ese caso.
Es más, cuando en el informe hace referencia a las auditorías externas, de las que afirma que los auditores “no han evidenciado salvedad alguna”, las fuentes de la investigación consultadas explican que al perito “se le olvida mencionar” en su informe que, esos mismos auditores “cuestionaron la necesidad de los ocho contratos de alta dirección”.
También ha resultado significativo para los investigadores que el propio perito ha explicado que no ha tenido acceso a las diferentes demandas interpuestas por mala gestión por, según él, encontrarse bajo secreto de sumario la causa.
Las fuentes anteriormente mencionadas aseguraron a este periódico que el hecho, como se dice en el informe, que la cifra de ingresos de explotación de la empresa descendiera en 2017 un 29 por ciento, “lo que supuso un beneficio para la administración pública”, pues Divalterra vive del dinero aportado por la diputación, “nada tiene que ver con que se cometiera un delito de malversación de caudales públicos”.
Y recuerdan que los auditores externos no valoraron si los contratos eran legales o no, ya que dichas auditorías no entraron a valorar los informes de los servicios jurídicos contrarios a la creación de esos puestos. Y tanto es así, que esos informes, clave en la causa judicializado, no se mencionan ni por parte de los auditores ni, mucho menos, por parte del perito, quien si debía haberlos valorado junto con los presupuestos y el resto de informes que ha utilizado.
La defensa del expresidente de la Diputación de València ha solicitado al magistrado instructor Miguel Ángel Casañ la declaración del perito. Una declaración que se fijará en breve junto a la de Agustina Brines, quien ha pedido una declaración voluntaria. La causa judicial está prácticamente acabada a falta de las pocas declaraciones pendientes, lo que podría suponer que el primer juicio por un caso de corrupción del Botànic se celebrara este año o, como mucho, el que viene.
