Foto: JOSELE BORTVALÈNCIA. Por un lado comunidades autónomas que bajan impuestos. Por otro lado el gobierno anuncia un impuesto a las grandes fortunas o sube la tributación de las rentas del ahorro. Y Bruselas insiste en la necesidad de acometer una profunda reforma fiscal en España, “que sin duda llevará aparejada una subida de impuestos, de hecho, las actuales medidas solo afectan a un porcentaje muy bajo de la población. Yo estoy convencido que en impuestos lo peor está por llegar. El déficit publico está disparado y la Comisión Europea piensa que hace falta incrementar la recaudación para reducirlo”, afirma Pablo Romá, socio director y fundador de Romá Bohorques Tax & Legal.
Eso sí, ante la actual coyuntura política, con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, y económica, es difícil pronosticar cuando se llevará a cabo esa reforma fiscal. “Aunque tarde o temprano habrá que acometerla” y el Ministerio de Hacienda ya está en conversaciones con la Comisión Europea. De momento, ese incremento de recaudación se está produciendo por varias vías: el paquete fiscal que ha anunciado el Gobierno, el incremento de actuaciones de control tributario y en más derivaciones de responsabilidad.
Ante las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno, algunos contribuyentes pueden verse tentados a reestructurar su patrimonio para minimizar el impacto fiscal. Algo que Pablo Romá desaconseja “porque es poner al cliente en un riesgo. Cualquier reestructuración del patrimonio que se haga por una mera finalidad fiscal va a ser comprobada y regularizada por parte de Hacienda, ya que es necesario que haya motivos económicos validos, si no se presupone que es para eludir el pago de impuestos”. Como también desaconseja la opción de ir a otra jurisdicción donde se entiende que se pagan menos impuestos, como puede ser Portugal. “Además de que existe un impuesto de salida para las personas físicas por cambiar su residencia a otro país, van a comprobar que no sea una residencia simulada y te van a inspeccionar”.
Y si alguien puede hacerlo es la Agencia Tributaria ya que tiene unos medios muy potentes para hacerlo, “es la administración más eficiente que existe”, ya que se ha realizado una fuerte inversión en medios, tanto tecnológicos como humanos. De hecho, Pablo Romá llama la atención sobre tres datos. Por un lado, el incremento en la oferta de empleo publico de plazas para Inspectores de Hacienda del Estado y de Técnicos de Hacienda. En diez años se ha pasado de convocar 15 plazas de inspector de Hacienda y 40 plazas de técnico de Hacienda a convocar en 2022, 190 plazas de inspector de Hacienda, 645 de técnico de hacienda y 775 de agentes de Hacienda.
El segundo aspecto que hay que tener presente es el incremento de las actuaciones de inspección, no en cantidad pero sí en términos cualitativos, principalmente en conflictos tributarios de alta complejidad (regularizaciones de fusiones, escisiones, canje de valores…), “se observa una tendencia al alza en investigar estas operaciones”.
Es más, se han realizado reformas legislativas para favorecer los intereses de la administración tributaria que, según el socio director y fundador de Romá Bohorques Tax & Legal, “está generando un detrimento de la seguridad jurídica y una regresión de los derechos y garantías de los contribuyentes”.
Pablo Romá apunta al hecho de que, a lo largo de los años ha habido algunas sentencias del Tribunal Supremo que no favorecía los intereses de la administración tributaria. “En algunos casos, cuando eso ha ocurrido se ha cambiado la norma. Un ejemplo es que ahora la comprobación de fusiones y adquisiciones y canje de valores, que ya no solo compete a la Inspección sino también a Gestión Tributaria. O lo que respecta a la entrada de Hacienda en las empresas, algo que afecta directamente a los derechos fundamentales. Según el Tribunal Supremo debía producirse en el curso de un procedimiento en marcha, pero ahora la norma se ha cambiado y se ha dado un respaldo a las entradas sorpresa, previa autorización judicial, en domicilios de contribuyentes por parte de la Inspección”.
A ello se une el tercer dato, el aumento de las derivaciones de responsabilidad tributaria a los administradores de sociedades, “hemos pasado de 11.000 actuaciones de derivación de responsabilidad tributaria a los administradores de sociedades 2013 a más de 26.000 en 2020”. Una cifra que seguramente irá a más por el aumento de la actividad concursal que se registra desde el final de la moratoria. “Sigue existiendo el estigma del concurso y eso hace que se retrase la decisión de pedirlo. Y entonces llegan los problemas. Primero porque la empresa llega en una situación muy mala. Y segundo porque la ley indica que cuando se produce un cese de actividad y la empresa no puede atender el pago corriente de sus obligaciones, su administrador debe instar la liquidación o el concurso. Si no lo hace y tiene obligaciones tributarias pendientes, Hacienda le podrá derivar la responsabilidad. El administrador de la sociedad tendrá que responder con su patrimonio personal al derivarle la responsabilidad de las deudas tributarias de la empresa”.
Por ello, Pablo Romá insiste en la necesidad de “hacer las cosas bien. Hay que respetar al que tienes enfrente, es decir a la administración de Hacienda, que cuenta con unos profesionales muy cualificados y con unos medios tecnológicos de gran nivel. El supuesto ahorro fiscal que puedes conseguir no compensa el desgaste y la tensión de pasar por una inspección. Eso sí, si crees que has actuado correctamente, vale la pena pelearlo ante los Tribunales".
