Foto: Eva MáñezVALENCIA (EFE). El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) cumple tres años el martes, sin que la nueva cadena pública -la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación- haya empezado sus emisiones, aunque se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha del consejo rector de la nueva sociedad.
Les Corts Valencianes aprobaron hace once meses la ley que derogó el cierre de RTVV, y en julio alumbraron sin ningún voto en contra (el PP se abstuvo) la ley de servicio público que permitirá la puesta en marcha de la nueva cadena, que contará con dos canales de televisión, dos de radio y una plataforma tecnológica.
Sin embargo, la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios pospuso hasta octubre la elección de los primeros miembros del Consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), su máximo órgano de gobierno, que ya ha comenzado a adoptar sus primeras decisiones.
Así, se ha acordado pedir el reingreso en la Forta, agilizar las primeras contrataciones, impulsar el concurso público que elegirá al director general de la cadena, e iniciar la redacción del mandato marco, con los objetivo generales y de programación, que se desarrollarán en un contrato programa.
El presidente del consejo rector, el exletrado de Les Corts Enrique Soriano, no ha querido fijar una fecha concreta de inicio de las emisiones, a falta de las comprobaciones técnicas sobre el estado de los equipos, y tampoco se conoce la dimensión de la plantilla de la nueva cadena, que en 2017 tendrá un presupuesto de 55 millones de euros.
En el plano judicial, la Audiencia Nacional ha fijado para el 11 de enero el juicio por la demanda colectiva del sindicato CGT contra el expediente de regulación de empleo que extinguió los contratos de los 1.600 trabajadores de RTVV, una vez que el Constitucional ha desestimado el recurso del PSOE contra la ley de supresión de RTVV.
Este sindicato ha instado al Gobierno valenciano a llegar a un acuerdo antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia, pues considera que en caso de declararse la nulidad del ERE las indemnizaciones podrían llegar a entre 150 y 200 millones de euros, y que la Audiencia podría plantear cuestión de inconstitucionalidad.
Además, ha sido necesario constituir una comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno para intentar solucionar las discrepancias del Ejecutivo central en torno a tres apartados de la ley de la nueva RTVV, como el referido al trato preferente a los extrabajadores.
Respecto a los litigios laborales con los extrabajadores, hay ya 164 expedientes con sentencia de 2014 y 2015 y otros 207 están pendientes, con juicios señalados hasta febrero de 2018, mientras que siguen en marcha procesos judiciales contra RTVV SAU por parte de productores y por derechos audiovisuales.
En las próximas semanas se espera poder extinguir el ente RTVV, que en marzo de 2013 fue sustituido por la sociedad RTVV SAU y hasta este año no ha podido ser liquidado por la negativa de algún banco a firmar la cesión a la Generalitat de los préstamos, mientras que a mediados del año que viene se podría liquidar la sociedad RTVV SAU.
El trabajo de los liquidadores nombrados por el nuevo Gobierno valenciano en julio de 2015 ha sido arduo, pues se encontraron con problemas como un edificio del Centro de Programas de Burjassot sin inscribir en el registro de la propiedad y con desprendimientos en la fachada, contratos "sin sentido" y hasta cucarachas en los ascensores.
En los televisores de los valencianos, las barras de colores en los canales por los que emitía Canal 9 han sido sustituidas por la frase en valenciano "Una vez constituido el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación el día 26 de octubre de 2016, se han iniciado los trabajos para poner en marcha las emisiones", pero 1.091 días después del abrupto apagón los valencianos aún no tienen acceso a ese servicio.
