VALENCIA. “Hay gente interesada en financiar las obras del Corredor Mediterráneo, pero nos da miedo que no haya una visión global”. En estos términos pronunció este miércoles el director de Proyectos Financieros y Negocios Especializados del Banco Sabadell, José Montañés, en el encuentro empresarial e institucional sobre el Corredor Mediterráneo organizado por Valencia Plaza con la colaboración de Broseta, el ForoPPP y Everis.
El dirigente se pronunció así en la segunda mesa redonda de la jornada, denominada ‘Modelos contractuales para la ejecución y desarrollo del Corredor Mediterráneo. Modelo de Colaboración Público Privada: Estructura jurídica y financiación de las infraestructuras’, en la que también participaron la abogado del Estado y socio directora de Área de Derecho Público de Broseta, Rosa María Vidal, y el también abogado del Estado y secretario general técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado.
“Con las radiales de carretera tuvimos el mismo problema: no todo lo proyectado se hizo y no fue igual de rentable. Es necesaria una visión global del Corredor Mediterráneo para que haya gente interesada en financiarlo”, recalcó Montañés en alusión al avance “por fragmentos” y “con múltiples cambios” de las obras de la infraestructura ferroviaria. “Si no se cumple con estos proyectos los bancos no estarán dispuestos a financiar proyectos con la administración pública”, sentenció.
“Seguramente los bancos hemos hecho barbaridades, pero no hay que pasar por alto que la administración pública hacía sus informes y los bancos pedían esos informes y se basaban en ellos a la hora de financiar esas obras”, agregó, para sentenciar que se hacía creyendo “en la falacia de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)”.
Precisamente sobre la responsabilidad de la administración versó parte de la exposición de Mellado, que recordó que, contra lo que ocurre en la mayoría de naciones, España asumía desde 1965 las quiebras de las empresas concesionarias, algo que ha dejado de ocurrir con la nueva legislación. El secretario general del Ministerio de Hacienda subrayó, en este sentido, la obligatoriedad actual de realizar un informe de rentabilidad económica de la infraestructura antes de la publicación de los pliegos.
Vidal, en esta línea y en relación con el Corredor Mediterráneo, subrayó que “no sólo se debe hablar de sostenibilidad económica, también del efecto social o el impacto que una obra pública produce”. No obstante, la socio directora de Broseta hizo hincapié en que a las firmas privadas que participan o aportan fondos para realizar una infraestructura pública sólo responden “a la viabilidad económica”.