VALÈNCIA (EP). La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha lamentado el "ataque directo del Gobierno de Rajoy al derecho de los valencianos a una vivienda digna", un derecho fundamental "reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, además de estar también en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Salvador ha valorado así, a través de un comunicado, los acuerdos que ha aprobado este viernes el Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional las leyes sociales del Consell de pobreza energética y función social de la vivienda, esta última "aprobada por todos los grupos parlamentarios de Les Corts, excepto el PP".
En ambos casos, el Ejecutivo considera que la competencia es de carácter estatal que la Generalitat se habría atribuido funciones que no le corresponden, por lo que ha acordado solicitar al presidente, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
La consellera ha criticado al respecto que "el Gobierno aún no ha comunicado oficialmente esta decisión", pero ha asegurado que, en cualquier caso, "el Consell seguirá trabajando por defender los derechos de los valencianos, aplicando todas las medidas a su alcance para dar soluciones".
"Mientras el Gobierno de Ximo Puig apuesta por reconocer y dar derechos a los valencianos, el Ejecutivo de Rajoy ataca cada uno de los pasos dados para avanzar en el estado de bienestar y se queda de brazos cruzados actuando como el 'perro del hortelano' porque ni legisla ni deja legislar", ha manifestado.
Es más, Salvador ha recordado que "mientras el Gobierno central no legisle, estará incumpliendo el artículo 47 de la Constitución de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada", además de estar "impidiendo a las autonomías como la valenciana, que tenemos una sensibilidad especial defender este derecho".
Según la titular de Vivienda, "el Ejecutivo alega que esta materia es una competencia exclusiva del Estado", cuando "ni ha aprobado una verdadera ley de segunda oportunidad ni legisla de manera eficaz para garantizar los derechos sociales, como el derecho al acceso a la vivienda para los colectivos más necesitados". Por contra, "se dedica a tumbar los pasos que las autonomías estamos dando en esta dirección".
La consellera también ha mostrado su "sorpresa y estupor" por la falta de "lealtad institucional, ya que la Generalitat no ha recibido "ninguna comunicación oficial del Gobierno", después de la comisión bilateral del pasado 5 de octubre. La Conselleria estaba "a la espera de recibir un escrito del Ministerio con una propuesta de texto alternativo para algunos de los artículos de la ley".
Al recurrir la norma, Salvador cree que "el Gobierno ha demostrado que no quiere llegar a ningún acuerdo y ha decidido poner de manera unilateral la tacha de inconstitucionalidad a la práctica totalidad de los aspectos básicos de la ley, como el reconocimiento al derecho subjetivo de acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada".
Cuando la Generalitat reciba la comunicación formal del recurso formulado, estudiará las posibles vías de actuación para "poder intentar dar solución a la necesidad social que existe en la Comunitat Valenciana", ha avanzado Salvador.
Bajo este prisma, ha insistido en que el Consell "no quiere abandonar a los ciudadanos que más lo necesitan" y seguirá "trabajando para dar respuesta y soluciones habitacionales, aplicando todas las medidas que se puedan a pesar de que el Gobierno de Rajoy quiera cortar de raíz este derecho".
Mª José Salvador ha recordado que la Ley por la Función Social de la Vivienda lleva siete meses en vigor y "ha conseguido ayudar a mucha gente" desde que se pusieron en marcha los espacios InfoHabitatge en las tres provincias.
Ha ilustrado la importancia de la norma con cifras: "Se ha asesorado a todos los ciudadanos que han formulado más de 1.600 consultas, se ha mediado en 43 casos de desahucio y se han dado soluciones habitacionales a más de 550 a través de las ayudas al alquiler o las viviendas sociales".
