Afectaría a diputados y senadores y será estudiada en el Consejo de Ministros del viernes para pedir informes al GCPJ y Consejo de Estado
MADRID. (EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que va a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y ha apelado a la "altura de miras" del resto de las fuerzas políticas para que esta reforma entre en vigor lo antes posible, en 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las Cámaras legislativas.
El jefe del Ejecutivo ha realizado este anuncia durante un acto en la Casa de América titulado "Avanzamos", convocado para hacer un balance de los primeros cien días de Gobierno y para adelantar los proyectos que tiene para el futuro.
La supresión de los aforamientos en la Constitución afectaría a diputados y senadores, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. No estarían incluidos en esta medida ni jueces, ni fiscales, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco los miembros de la Familia Real que son aforados como el Rey emérito.
Precisamente, la semana pasada, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó en el Pleno del Congreso, durante una interpelación de Ciudadanos sobre los aforamientos, que el Gobierno estaba estudiando reducir el "excesivo" número de aforados.
No obstante, Delgado defendió mantener esta figura para diputados y senadores con el fin de proteger su "inmunidad" frente al Poder Ejecutivo. Esto significaría que los aforados sólo tendrían este privilegio en los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo.
Hoy, el jefe del Ejecutivo, durante su discurso ante parte de su gabinete y en un foro con representación empresarial, ha argumentado que España está ante "un cambio de época que exige atender los deseos de una sociedad que demanda ejemplaridad".
"Una sociedad civil --ha dicho-- que no entiende la existencia de determinados preceptos que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas, pero que hoy han perdido toda razón de ser".
Al entender que este "cambio de época debe continuar avanzando", Pedro Sánchez ha anunciado que "el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos".
En ese momento, ha apelado a la "altura de miras" de todos los partidos para que esta reforma de la Cosntitución entre en vigor "en tan sólo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados".
El jefe del Ejecutivo ha adelantado que esta medida será propuesta por el Consejo de Ministros que la estudiará en la reunión del próximo viernes, según las fuentes consultadas, con el fin de recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según Sánchez, el ánimo del Gobierno es de "determinación y avance" en este asunto, por lo que ha pedido "contar" con el conjunto de la Cámara, para así ofrecer "una señal relevante, inequívoca, generosa, de solidaridad y empatía" con la sociedad.
En este sentido, ha asegurado que la medida tiene por objeto "que los ciudadanos vuelvan a creer en la política", una cuestión que considera que debe ser el "reto común" de todos y cada uno de los partidos.
Precisamente este martes, está previsto que el grupo de Ciudadanos someta a votación en el Pleno del Congreso una moción para urgir al Gobierno a acometer una reforma de la Constitución en tres meses para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.
Esta iniciativa es consecuencia de la interpelación sobre medidas anticorrupción que el partido naranja dirigió el pasado miércoles en la sesión plenaria a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Con este texto, Ciudadanos busca que todos los grupos se retraten sobre la conveniencia de poner fin a los aforamientos políticos y consta de dos puntos.
El primero persigue que el Gobierno se comprometa a proceder "en el plazo máximo de tres meses a la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objeto de promover la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno".
El segundo punto persigue el mismo objetivo pero para despojar del fuero a los parlamentarios y miembros de Gobiernos autonómicos. Para ello, Ciudadanos aspira a que el Congreso emplace a los Parlamentos regionales en los que todavía no se ha acordado esta medida a cambiar sus Estatutos de Autonomía para dar ese paso.
Precisamente el Pleno del Congreso aprobó la semana pasada, para su remisión al Senado, el nuevo Estatuto de Canarias, que contempla desaforar a los diputados de las islas. Además, están en tramitación las reformas estatutarias de Murcia y Cantabria, que recogen la misma medida.
Durante su discurso, Sánchez ha incidido en que su proyecto es hasta 2030 con el fin de abordar las grandes transformaciones del país y "ganar una década" frente a la "década perdida" que considera que ha sido la última.
En su opinión, España vivía una paralización enraizada en la administración pública, en la ausencia de luchar contra precariedad laboral o en la aberración de la pobreza infantil, entre otras cuestiones en las que el Gobierno anterior, según ha dicho, "optó por el camino de no hacer nada".
Para Sánchez, posponer las cosas y no tomar decisiones en política es "la peor de las decisiones". Sánchez considera que el Ejecutivo anterior estaba "paralizado en un contexto de corrupción" y ha justificado en "estas razones y no otras" su decisión de presentar la moción de censura.
Podemos ha mostrado su apoyo a la reforma constitucional para quitar los aforamientos , al tiempo que ha señalado que esta medida debe abrir el debate sobre el aforamiento del rey emérito Juan Carlos I.
La portavoz Noelia Vera ha asegurado que la formación "saluda" el anuncio y lo acoge "con alegría", pero ha abierto la puerta a que esta iniciativa sirva para revisar la inmunidad que goza la figura del rey emérito.
"No queremos privilegios, todo el mundo tiene que ser juzgado por igual y estamos en contra de los aforamientos. Pero además habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio de su reinado, si hubo casos relacionados con la corrupción", ha recalcado Vera.
Preguntada si la formación 'morada' pondrá alguna exigencia para respaldar la retirada de los aforamientos, la diputada de Podemos ha confirmado que el PSOE sí recibirá el apoyo. "Si el apoyo es expreso a los aforamientos supongo que lo tendrá", ha dicho en rueda de prensa, aunque ha admitido que esta cuestión tiene que ser debatida en el seno del partido.
"De momento no condicionamos nada, vamos a escuchar el planteamiento que tenga que hacer Sánchez, pero de todos modos somos exigentes en que se abra el papel de la Constitución", ha reiterado.
Así, aunque Podemos valora positivamente la iniciativa de Sánchez, le pide que se abra con "exigencia" el debate sobre la reforma para que sea "más profunda" y toque también temas sociales.
Vera ha pedido que el PSOE vaya "más allá" y plantee una reforma más profunda que garantice derechos sociales y un encaje territorial a España, además de medidas para la lucha contra la corrupción. Dentro del blindaje social, la diputada ha citado el derecho a la vivienda, la educación y sanidad pública.
Podemos ya rechazó hace casi dos años una reforma exprés de la Constitución de 1978 para reducir aforados políticos y exigió que se debatiesen más cambios y que, al final, se celebrase un referéndum, fuera o no legalmente exigible.
De esta forma el partido morado echaba por tierra la idea de Ciudadanos de que los cuatros grandes partidos acordasen una modificación puntual de la Carta Magna para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno.
Entonces los de Pablo Iglesias señalaban que la ley de leyes necesita una reforma general que, como toda modificación, debía ir acompañada de un referéndum y que si se abría el "melón de la Constitución" debería ser también para, por ejemplo, revertir la reforma de 2011, la relativa a la estabilidad presupuestaria.
"No se puede volver a hacer una reforma de espaldas a la ciudadanía", apuntaban, recordando que la Constitución prevé que 35 diputados puedan forzar un referéndum constitucional sobre una reforma de la Carta Magna, un mínimo que Unidos Podemos supera con creces.