VALÈNCIA (EFE). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y ha apostado por un pacto especialmente entre los dos grandes partidos, pero ha admitido que se trata de un asunto "vidrioso y complejo".
Sánchez se ha referido al sistema de financiación de las comunidades en la clausura del Cercle d'Economia después de que el presidente de este foro económico, Jaume Guardiola, le haya instado a abordar su reforma porque la considera urgente y cree que sólo depende de la voluntad política, aunque ha advertido de que sería "inaceptable" una modificación de mínimos.
Ha reconocido el presidente del Gobierno que debe haber esa reforma de un sistema que está vigente desde 2009 y ha dicho que todos los partidos, pero de forma especial PSOE y PP, deben llegar a un acuerdo para defender los servicios públicos que prestan las autonomías.
Pero ha reconocido que se trata de un debate "vidrioso y complejo".
Por ello ha hecho un llamamiento a los responsables políticos a no caer en el discurso del agravio territorial y no pensar que reformar el modelo de financiación es un juego de suma cero porque todos los territorios están interconectados.
Aunque ha reconocido la necesidad de reformar el sistema, Sánchez ha puesto en valor decisiones de su Ejecutivo relativas a Cataluña recordando que ha recibido entregas a cuenta históricas de más de 49.000 millones de euros.
A ello ha sumado los fondos europeos, las inversiones en infraestructuras y otra serie de políticas, y su compromiso de condonación de deuda pública.
Se trata de un esfuerzo que ha dicho que asume el Estado porque cree que es justo para Cataluña y para otras comunidades.
A renglón seguido ha señalado que el Estatut da muchas palancas para mejorar el autogobierno con más recursos económicos, y eso es lo que ha garantizado que va a hacer el Gobierno tanto de forma bilateral con el nuevo Govern como en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral