Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido este jueves, en Los Desayunos Informativos de Europa Press, el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, que ya se ha remitido al Congreso para su tratamiento parlamentario. "Estoy orgullosa de esta ley porque es solvente, es rigurosa, y constitucionalmente irreprochable", ha dicho Sánchez durante su intervención.
La ministra ha insistido en que la vivienda es "un derecho básico" que durante años se ha convertido "en una gran preocupación" para muchos ciudadanos.
Por eso, ha justificado la redacción de esta normativa, "que ni ataca la propiedad privada ni invade competencias" de las comunidades autónomas. Por el contrario, Sánchez ha recalcado que la futura ley fomentará el parque público de vivienda y fijará patrones para proporcionar casas dignas y asequibles.
"El mercado ha sido incapaz de ofrecer soluciones a muchos españoles. La especulación ha campado a sus anchas en determinadas zonas. La ley viene a corregir eso, a ofrecer seguridad a los propietarios y a los inquilinos", ha subrayado la ministra.
Sánchez ha reprochado a los partidos de la derecha su oposición a la futura ley, aunque ha reconocido que no le ha "sorprendido la reacción".
La ministra se ha dirigido a los partidos conservadores para advertirles de que el acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes "no es una cuestión ideológica" y que todos, "votantes de izquierda y de derecha", sufren los problemas del alquiler o la compra.
Sánchez se ha referido, en concreto, a los dirigentes del PP que "están dando la espalda a los jóvenes". "Me pregunto si es serio anunciar medidas de fomento a la natalidad cuando muchos de los pretendidos padres no tienen una casa donde educar a sus hijos", ha comentado en alusión a las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid es una de las comunidades que ya han manifestado su rechazo a aplicar la norma si esta logra su aprobación en el Congreso. Sánchez ha vuelto a insistir este jueves en que estas autonomías tendrán que "rendir cuentas" a sus ciudadanos de esa decisión ante una ley que "clarísimamente" beneficia a la sociedad".
No obstante, ha reconocido que, como parte de ese respeto a las competencias autonómicas que contempla la ley, el Gobierno no puede obligar a las comunidades autónomas a adoptar las medidas que no quieran "en el marco de su competencia".
Sánchez ha preferido salir del debate sobre los temas competenciales para explicar otras de las medidas que recoge la futura normativa, como la conformación de un parque de vivienda público, "del que no se habla tanto como debiera".
"Ha sido una de las principales carencias que hemos tenido en este país para dar respuesta a esas necesidades. Es lo que vamos a hacer. Eso es lo que posibilita la Ley de Vivienda, el PRTR y los fondos europeos. No es un tema menor", dicho la ministra.
Sobre este punto, Sánchez ha señalado que se está trabajando con agentes privados y con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ahora que el Estado se va a hacer con la mayoría del capital, para mejorar el parque público de vivienda.
Su cartera tiene hasta 15.000 viviendas pactadas con la Sareb y otras 11.000 con el Fondo Social Bancario. También se encuentra en conversaciones con grandes tenedores de vivienda para conseguir otras 30.000. En total, el objetivo del Ministerio es poner 100.000 viviendas en alquiler, en una colaboración público-privada.
"La ley contempla otras medidas que pueden suponer establecer unas condiciones que tengan un impacto positivo en el funcionamiento del sector y en el funcionamiento del mercado inmobiliario, que sea atractivo y que siga siendo atractivo para el sector, muy importante en nuestro país, y que por otra parte no deje abandonados a su suerte a las familia, a los más vulnerables y a los jóvenes, ha zanjado la ministra.
Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 1 de enero, el Gobierno remitió el texto al Congreso para la tramitación parlamentaria de urgencia. Su objetivo es tener la ley aprobada en el tercer trimestre de 2022 para cumplir su compromiso con la Comisión Europea, ya que la norma es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Sin embargo, el Ejecutivo se ha encontrado con las enmiendas de devolución al proyecto presentadas por el PP, Ciudadanos, el PNV, Junts y el PDeCAT. Además, Esquerra Republicana ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno de coalición.
A pesar de ese revés inicial, Sánchez ha asegurado en Los Desayunos Informativos de Europa Press que la voluntad del Gobierno es "sumar el máximo consenso posible" y confía en que "hay margen posible para ello".
La ministra espera que esta normativa no corra la misma suerte que la reforma laboral, aprobada con 175 votos a favor y 174 en contra, por el error de un diputado del PP y el cambio de posición de dos parlamentarios de UPN.
"Vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho, por el consenso y la suma. Apelo a que tomemos conciencia de la importancia de esta ley, que es la primera sobre vivienda de la historia de la democracia, que constituye el quinto pilar del Estado del Bienestar", ha recalcado.
Sánchez ha pedido a los parlamentarios que no partan de "apriorismos ideológicos" y abandonen "esa permanente posición de instalarse en el no".
En concreto, ha solicitado el respaldo del PP, partido al que ha instado a "darse la oportunidad de ser verdaderamente un partido sólido".
"Hay que dar la oportunidad a que esta ley pueda desplegar sus efectos. Basarse en una cuestión meramente ideológica que no parte de un análisis rigurosos, me parece muy irresponsable y me parece seguir aplicando un modelo que nos ha llevado a donde nos ha llevado, porque ha sido una situación dramática para mucha gente", ha expuesto la ministra.
Sánchez ha vuelto a valorar la importancia de esta ley como parte de una política del Estado que "no puede dar la espalda y cerrar los ojos" ante la responsabilidad de "garantizar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos".
El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley el pasado 1 de febrero. La vuelta de la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros se demoró cerca de un más por la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debía analizar la posible interferencia de tres artículos de la nueva normativa con la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, el texto del órgano judicial aprobó un informe preceptivo, no vinculante, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".
El Mitma reconoció que el documento informó "de otros aspectos", en relación a las competencias autonómicas, por lo que procedió al "ajuste formal de algunas cuestiones, clarificando el marco de la competencia y la cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado".
A pesar de las modificaciones, la futura ley mantiene el respeto al marco competencial de las autonomías, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad y derecho a la función social.
Sánchez ha defendido también que el Gobierno solo se comprometió a estudiar la aplicación de peajes en las autovías españolas antes de 2024, si bien su implementación ocurriría en otra fase. La ministra ha explicado que la etapa actual en la que se encuentra este proceso es la de abrir el debate al resto de partidos políticos, agentes sociales y resto de administraciones, para consensuar el mejor sistema a aplicar, y que es a eso a lo que se ha comprometido.
Posteriormente, una vez el sistema esté definido, que podría canalizarse con un pago por medio de telepeajes o a través de euroviñetas u otras herramientas, incluso dependiendo de los distintos territorios, Bruselas ya cuenta con otros criterios específicos para empezar a implementarlo en las carreteras.
La ministra ha justificado este compromiso con Europa en que el actual sistema de peajes "genera una terrible desigualdad territorial", por lo que el Gobierno ya anunció en 2018, cuando tomó posesión, que revertiría todas las concesiones que fueran caducando.
Sin embargo, el Gobierno es consciente de que hace falta financiación para las carreteras, sobre todo dado el déficit de casi 9.000 millones de euros que acumulan, de igual forma que "también se paga por los aeropuertos o los puertos" por medio de tasas, según ha recordado Sánchez.
