FOTO: EFEBRUSELAS. Así describía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un Consejo Europeo marcado por la división y las diferencias, tanto en los precios de la energía como en las políticas migratorias. El presidente español logró un exiguo logro, al poner en la agenda europea la factura de la luz, pero no consiguió un acuerdo para adoptar medidas urgentes o a corto plazo. La revisión de los mercados del gas y de la electricidad, y de las emisiones de CO2 se han dejado para la próxima cita en diciembre, cuando la Comisión Europea tenga los estudios de la Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA) y haya presentado una propuesta más concreta a los Estados miembros.
El Consejo, además, ha contado con la excepcional despedida de la canciller alemana Angela Merkel, que se despide así de la política en Europa, tras participar en más de 100 cumbres de líderes europeos. La canciller Merkel renunció a presentarse a las elecciones alemanas, celebradas hace un mes, en una retirada anunciada ya hace un año de la política en general.
En esta cumbre europea, celebrada en Bruselas, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han dado una muestra más de su visión cortoplacista y de su falta de solidaridad para abordar soluciones conjuntas a problemas comunes que no tardarán en llegar. El aplazamiento hasta diciembre para tomar medidas contundentes ante el alza del precio de la luz, a través de una reestructuración del mercado de la energía, es una de las señales de la enorme división en la Europa de los 27.
En palabras de Pedro Sánchez, adalid de estas propuestas, “no es que haya países que se opongan. Se trata de un pacto sobre la competitividad de nuestras industrias. Por ello, se ha pedido a la comisión de estudios jurídicos que evalúen la eficiencia del funcionamiento de los mercados de la electricidad. Hay países que lo tienen poco claro. Pero se ha avanzado en las conclusiones”.
El presidente no quiso mostrar su decepción al aplazamiento del acuerdo hasta finales de año. “En noviembre, la Comisión sabrá que opina el regulador sobre el funcionamiento de los mercados”, añadió, e referencia al estudio encargado por la Comisión, que en su Comunicación de la pasada semana echaba balones fuera hablando de una crisis coyuntural en el recibo de la luz y vaticinando que los precios volverían a la normalidad en primavera.
A preguntas del anuncio de Iberdrola, de que no subiría el precio de la energía a la industria si el gobierno retiraba el Decreto que pone tope a la subida, Sánchez fue contundente. “Vamos a proteger los precios de la energía en la industria y vamos a estudiar a quién le vamos a aplicar la revisión de los precios porque lo están repercutiendo al consumidor”, defendió el Presidente. E insistió en que “nos enfrentamos una crisis sin precedentes y necesitamos medidas extraordinarias”.
Respecto al borrador inicial del Consejo que no era nada crítico con la Comisión, Sánchez destacó que hay tres puntos nuevos, al incluir en el estudio de la ESMA tanto el mercado del gas como el de la electricidad y las emisiones de Co2, “para comprobar si hay relaciones comerciales que requieren el control del regulador”. Además, este estudio deberá analizar la especificidad de cada Estado miembro y el Consejo se compromete a volver a incluirlo en la agenda en la cumbre de diciembre.
En cuanto a la propuesta sobre la compra de gas entre un amplio número de Estados miembros, explicó que “es algo que la Comisión ya está estudiando”. El objeto es abaratar el precio con la compra conjunta de gas y contar con reservas almacenadas. En la sesión extraordinaria del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía) del 26 de octubre de 2021 se volverá a tratar el tema por los ministros de energía de los Estados miembros.
El otro punto caliente, en el que los líderes ocuparon casi toda la mañana del viernes fue el del nuevo pacto de inmigración, refugio y asilo. “Los países del sur han defendido su postura para que se refuercen los instrumentos financieros con terceros países”, explicó Pedro Sánchez, que defiende la ayuda a los refugiados en los países de origen.
El texto presentado por la Comisión europea segunda dejando el problema a los países fronterizos del Mediterráneo, proponiendo que se convirtieran en campos de refugiados a los largo de sus costas, mientras se decidía si los inmigrantes irregulares eran merecedores de pedir asilo o refugio en la UE. En aquel momento se unieron España, Italia, Grecia y malta para paralizar la eterna reforma del Convenio de Dublín, que lleva años congelada.
Ahora, los países del norte son más sensibles a este drama, desde que “Bielorrusia ha utilizado también la inmigración como elemento de presión política”, manifestó el Presidente. Desde que terminó la guerra en Afganistán, el gobierno de Lukashenko comenzó a presionar a la UE fletando aviones desde Irak con refugiados afganos hasta su país y abandonándolos en la frontera con Polonia, Letonia y Lituania. Lo mismo ocurrió hace unos meses en España, cuando Marruecos empujó a cientos de jóvenes e inmigrantes hacia la frontera española de Ceuta y Melilla.
Entre las soluciones a abordar, no se trató la valla que Lituania pretendía construir en la frontera con Bielorrusia, pero sí se habló de más financiación en los países de origen y tránsito, que se deberían haber pasmado en ocho planes de acción. En concreto, pide a la Comisión que se movilice con suficiente antelación la financiación de los refugiados sirios y las comunidades de acogida en Turquía, Jordania, Líbano y otras partes de la región, en particular Egipto, como novedad.
Además, el Consejo pide a Turquía que garantice la aplicación plena y no discriminatoria de la Declaración UE-Turquía de 2016, también en lo que respecta a la República de Chipre. En aquel momento, se llegó a un acuerdo entre los Estados miembros y el gobierno de Erdogan para que retuviera a los refugiados sirios en sus campos de refugiados, impidiendo que cruzaran por el Egeo hasta Grecia, a cambio de 6.000 millones de euros. Ahora piden que también evite estas travesías ilegales y peligrosas por aguas chipriotas.
