Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha terminado por admitir lo que parecía evidente y son las pocas esperanzas de recuperar para la gestión pública el departamento de Dénia antes de elecciones. La última manifestación ha sido este jueves, en una reunión de la consellera Ana Barceló y el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, con la junta de personal del departamento en que comunicaban que los plazos están muy al límite.
Gestionado por Marina Salud, participada en un 65% por DKV y en un 35% por Ribera Salud, las empresas están a la espera de las liquidaciones para que la administración les presente un acuerdo definitivo con el que comprar todas las acciones y poder recuperar ya una concesión que termina en 2023. Una promesa realizada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hace casi tres años pero que no ha tomado ritmo hasta final de legislatura. No obstante, la intención del departamento de Ana Barceló es no dar por perdida la cuestión hasta el último momento.
Actualmente, la Conselleria tiene terminada la liquidación de los años 2012 a 2015 con Marina Salud, por unos 77 millones de euros en favor de la Generalitat. La empresa ya tenía contabilizada en su balance de 2017 esta deuda y tenía tesorería suficiente para afrontarla. En cuanto a las liquidaciones de 2016 y 2017 están a punto de cerrarse. Sin embargo, fuentes de la junta de personal señalan la necesidad de unos datos a nivel estatal que llegarían en mayo, por lo que sería imposible tener la liquidaciones al completo antes del 28 de abril.
A pesar de la situación límite todavía hay una vía abierta y es que sean las empresas las que realicen sus propias propuestas de venta y que éstas sean aceptadas por la administración, independientemente de las liquidaciones realizadas después. Sin embargo, no parece que esta vaya a ser la opción elegida por las empresas participantes de la compañía, que están a la espera de ver los datos en conjunto de la situación.
La pasada semana, DKV ya dejó plantada a la Generalitat en una reunión donde pretendían negociar las condiciones de la compra. Lo hacía por segunda vez, ya que la aseguradora alemana había anulado otra cita esa misma semana ante la falta de expectativas de más información. La Generalitat ya comunicó a DKV cuál es el precio máximo que puede pagar, que como adelantó Valencia Plaza es de cerca de 16 millones de euros más la deuda que Marina Salud tiene con sus socios, que asciende a unos 35 millones.
De los 16 millones, a DKV le correspondería el 65%. Lo ajustado del precio al lado de lo que podría ofrecer Ribera Salud por ese 65%, dadas las expectativas de negocio hasta el fin de la concesión, sería uno de los motivos por los que la aseguradora alemana ha decidido no sentarse a negociar.
A pesar de que llegar a un acuerdo era una misión urgente de la administración, la posición de DKV es mucho más cómoda después de tres años de espera. Es más, si deja correr el plazo unas semanas, podría encontrarse con que cambia el interlocutor en el Gobierno. En el caso de ganar la derecha, esta sería más proclive a aceptar que Ribera Salud se haga cargo de la concesión, como pretendían los dos socios de Marina Salud en un principio, lo que cambiaría el escenario.
Por otro lado, la Generalitat tiene que establecer el estatus del personal de la empresa privada Marina Salud si se cierra la operación de compra y la Generalitat pasa a ser concesionaria de sí misma. Una cuestión que ha sido replanteada respecto a la recuperación en Alzira y que en esta ocasión podría ser en forma de empresa pública, opción que no convence a los trabajadores del departamento, que quieren que la administración les absorba con la misma fórmula que el personal de La Ribera.
