Foto: GUILLERMO LUCASVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad confía en que el futuro de la subrogación del personal del servicio de resonancias magnéticas se despeje favorablemente con el informe que esperan del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el borrador de decreto que regula el proceso.
Así lo apuntaba Guillermo Aranda, subdirector general de Administración de Personal y Salud Laboral, en el Congreso "Reversión de Contratas Públicas a la luz de la ley de contratos del sector público", celebrado este jueves y viernes en la Universitat de València.
Un borrador sobre el que ya se pronunció la Abogacía de la Generalitat y para el que dejó muy claro que la subrogación del personal de una empresa privada a la administración pública debía ser ordenada por la vía judicial y no de forma voluntaria.
"Para nosotros el dictamen del CJC va a ser muy importante", recalcaba Aranda, quien recordaba que la institución no hizo ninguna observación esencial en el decreto que regulaba la subrogación del personal de La Ribera. "Se pronunció sobre el anteproyecto de Ley de Acompañamiento, que afectaba a otros colectivos menos claros", apuntaba.
Se refería concretamente a los centros de enfermos mentales que el IVASS, dependiente de la Conselleria de Igualdad, incluyó para revertir a la gestión pública a través de la figura del personal a extinguir. "En Alzira estaba muy claro. En este último dictamen cuestionaba el personal a extinguir y requería informes económicos y de viabilidad para realizar las reversiones y que también se deberían pedir para externalizar servicios".
"Si llega a ser otro tema similar al de las concesiones habría sido favorable, pero al ver otros intereses ha puesto más dificultades", lamentaba. De hecho, recordó que en Sanidad el proceso está amparado por la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, donde a través de una modificación se reguló la fórmula para revertir servicios externalizados a la gestión pública, y que esta en vigor sin ningún tipo de cuestionamiento.
Por otro lado, también se puso sobre la mesa la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 31 de octubre que anuló una normativa introducida por iniciativa de Cristóbal Montoro en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 para establecer limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público. Sin embargo, aunque el informe inicial de la Abogacía se hizo previa a ésta, posteriormente se realizó un anexo manifestando el porqué se mantenía en la misma posición.
Carlos Luis Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del Trabajo, insistía en que es necesario legislar sin posicionarse a favor de las reversiones o las externalizaciones. "Poner el derecho a favor de una de las dos opciones es gravísimo", aseguraba y recalcaba que la normativa europea es la que predomina, a pesar de que España haya vivido de espaldas a ella.
Mellado tenía que claro que si la administración pone sus medios para recuperar el servicio no es sucesión, pero si los recupera sí, como sería el caso de las resonancias magnéticas, donde se queda con la maquinaria. No obstante, aseguraba que los empleados de la compañía privada deben incorporarse a la administración como personal fijo. "El indefinido no fijo hay que empezar a olvidarlo".
"El personal se integra, ¿cómo empleado público? Es opinable. Pero se integra como fijo. Si no se hace así la administración podría tener que pagar indemnizaciones monstruosas si se llega a Europa", insistía."Es el efecto que deriva de la directiva comunitaria". Mellado sostiene esta argumentación al entender que el indefinido no fijo altera la situación al personal de la empresa privada en su paso a la administración, algo que no está permitido por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ni por directivas europeas. "Hay subrogación y mantenimiento de los derechos".
El catedrático reconocía que la figura del personal a extinguir desde el punto de vista de la normativa europea es irreprochable. "Ésta es la solución que se ajustaba. Se mantienen con su convenio, su salario y mantienen su derecho", señalaba.
