Sanidad se plantea la subrogación de los trabajadores de Eresa en hospitales públicos

VALÈNCIA. El 31 de octubre de 2018 termina el concierto de resonancias magnéticas de la Conselleria de Sanidad con la UTE Erescanner Salud tras una década y una nueva disyuntiva se ha puesto sobre la mesa del departamento de Carmen Montón: qué hacer con el personal de las empresas que forman la UTE liderada por Eresa (grupo Ascires) que trabaja en los hospitales públicos.

Según ha podido saber Valencia Plaza, Sanidad está estudiando la subrogación de los empleados de Eresa y de Inscanner Salud que trabajan en los hospitales públicos cuando finalice el contrato de la empresa privada, como ha ocurrido con el departamento de La Ribera tras llegar a término la concesión que tenía Ribera Salud. Cabe recordar que todos los hospitales de la provincia de València menos el Dr Peset están en el contrato con Eresa, mientras que en Alicante es Inscanner Salud la que presta el servicio de resonancias magnéticas. 

Son varias las circunstancias que se han dado para plantearse esta solución, que según fuentes del sector sanitario está más que avanzada y ya ha sido comunicada por la empresa que preside Lorena Saus a sus trabajadores. Entre estas circunstancias, una sentencia en el Hospital Provincial de Castellón en la que se obligó a readmitir a personal vinculado al servicio de resonancias cuando el centro decidió asumir la gestión y despedir a los empleados. Al ser un consorcio, el Hospital Provincial terminó su contrato con anterioridad a la Conselleria de Sanidad y un juzgado dirimió que se trataba de sucesión de empresas, por lo que debían asumir a los trabajadores de la concesionaria. 

Desde la Conselleria de Sanidad señalan que la situación del Consorcio no es equivalente al caso de la Conselleria, como tampoco lo es el caso de La Ribera, que era una concesión mientras que lo de las resonancias es un concierto para la prestación de un servicio. Por ello, el departamento que dirige Carmen Montón está pendiente de informes jurídicos para ver cuál es la situación y determinar si existe sucesión de empresas. En el caso de que se diera, como ocurrió en La Ribera y en Castellón, tendrán que asumir al personal y a partir de ahí, en el caso de que quieran despedirlos, pagarles la indemnización correspondiente. 

Otro problema añadido puede ser que la ocupación de los puestos a través de la bolsa de trabajo no los cubriera con los perfiles adecuados, ya que no existe una categoría tan especializada como para que todas las personas que entren a cubrir esos puestos tengan los conocimientos adecuados para hacer resonancias magnéticas, ya que la gran mayoría de las realizadas en los últimos años en la Comunitat Valenciana las ha realizado la UTE Erescanner Salud. Es lo que Sanidad calificó de "secuestro de conocimiento".

Por ello, la Conselleria y el EVES (Escola Valenciana d'Estudis de la Salut) están llevando a cabo desde el año pasado en las tres provincias un curso de formación en resonancias magnéticas para técnicos, asesorado por el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana. 

Los perjudicados 

La subrogación del personal de estas empresas privadas para ocupar plazas que serán de la sanidad pública plantea el mismo problema que ya ocurrió en Alzira: limita el acceso a un puesto en la administración según los principios de igualdad mérito y capacidad. Las nuevas plazas públicas no saldrán a concurso, si se repite la promesa hizo Montón a los de La Ribera, hasta que se jubilen los beneficiarios de la subrogación.

No obstante, los primeros perjudicados serán los integrantes de la bolsa de trabajo de las especialidades implicadas, como radiólogos y técnicos superiores, que no podrán acceder a las plazas que les corresponderían temporalmente hasta que salieran a concurso. De ahí que el Sindicato Médico CESM-CV y el Colegio de Técnicos Superiores hayan rechazado mediante un comunicado la subrogación del personal de Eresa e Inscanner Salud.

El concurso, paralizado

A todo esto hay que añadir la incertidumbre sobre el futuro inmediato del servicio, ya que después de que Sanidad admitiera que no tiene medios para asumir la gran mayoría de las resonancias magnéticas en septiembre, cuando acaba el contrato, decidió convocar un concurso para concertarlo hasta tres años.

El concurso está paralizado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tras sendos los recursos de IMED y Eresa. El concurso, dividido en cinco lotes, pretende cubrir parte del servicio con conciertos con empresas que llevarán a cabo las pruebas en instalaciones externas. Sin embargo, todavía no hay fecha para que se resuelva la situación a pesar de que quedan cuatro meses para la finalización del contrato.