VALENCIA. Sanidad estudia personarse en la investigación de Ribera Salud y las prótesis. Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, a través de su Twitter tras desvelar Valencia Plaza este lunes que el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha abierto una investigación sobre presuntas operaciones fraudulentas por parte del grupo sanitario Ribera Salud.
Esta investigación se abre tras una denuncia presentada por la UDEF a raíz de una información entregada por el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), según confirmaron a este diario fuentes judiciales. El pasado mes de septiembre, el sindicato puso los hechos también en conocimiento de la Conselleria de Sanidad, que no se ha pronunciado hasta el día de hoy.
Según estas fuentes, de la investigación se ha hecho cargo la Fiscalía Anticorrupción debido a que Ribera Salud –concesionaria de los hospitales públicos de Alzira, Elche-Vinalopó y Torrevieja, que participa además en la concesión del Hospital de Dénia– recibe fondos de la Generalitat para sufragar el funcionamiento de estos servicios y, por tanto, implicaría el uso presuntamente irregular de fondos públicos.
Simap no se ha personado en la causa, ya que considera que es la Conselleria que dirige Carmen Montón la que debe hacerlo si se considera perjudicada. La denuncia fue presentada contra el consejero delegado de la compañía, Alberto de Rosa, y otro directivo y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. En la denuncia se afirma que desde que B2b Salud –filial al 100%– se convirtió en central de compras del grupo Ribera Salud, a las empresas suministradoras de prótesis ortopédicas se les exigía una comisión que se facturaba como tal. De hecho, la consellera ha asegurado que requerirá más información al respecto a la empresa.
Los gerentes, supuestamente, apuntaban ese dinero como gastos de formación, una formación que, según afirman los denunciantes, nunca se produjo. Las mismas fuentes afirman que varias empresas se negaron a entrar en el juego de las comisiones y dejaron de suministrar sus prótesis a los tres hospitales públicos cuya gestión controla Ribera Salud, lo que llevó a los traumatólogos a poner varias quejas por falta de variedad.