Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad planea incentivar con hasta 4.000 euros al año las plazas de difícil cobertura del sistema de salud público valenciano. Así lo recoge el borrador del proyecto de decreto sobre plazas de difícil cobertura, regulación con la que el departamento dirigido por Miguel Mínguez busca paliar la deficiencia de personal que existe en áreas de salud de la Comunitat Valenciana.
Durante los últimos meses, la administración se ha encontrado con dificultades para la cobertura de algunas plazas, tanto de facultativos especialistas como de otros profesionales a a nivel de Atención Primaria y especializada. Especialmente, destaca la situación de algunos centros de municipios de interior para encontrar médicos de familia y pediatras. Mientras, en atención especializada, hay carencia de profesionales en hospitales distantes de las capitales de provincia o grandes núcleos de población.
"Los hospitales comarcales tienen mayores dificultades para completar su plantilla que otros hospitales que, por su proximidad a los referidos centros urbanos, permiten que los profesionales que prestan servicios en ellos puedan residir en éstos o desplazarse diariamente a su puesto de trabajo", recoge el borrador, que define las plazas de difícil cobertura como aquellas que, con todos los procedimientos de selección agotados, permanezcan vacantes sin cobertura durante al menos tres meses continuados en los últimos 12 meses.
También, aquellas categorías profesionales de un departamento de salud en el que el número de solicitudes de inscripción en la bolsa de trabajo del propio departamento sea insuficiente para la cobertura de la prestación de la asistencia sanitaria o aquellas que la conselleria determine por cualquier otra circunstancia.
Con el fin de incentivar a los profesionales a ocupar estas plazas, el borrador del proyecto de decreto contempla varios incentivos, entre ellos el económico. Para los facultativos (A1), éste será de 4.000 euros anuales. En el caso de enfermería (A2), de 2.600 euros. Los técnicos superiores (C1), 1.600 euros anuales; los TCAE (C2), 1.200; mientras que los celadores (agrupaciones profesionales) recibirán 800 euros anuales más.
Con esta propuesta sobre la mesa, los sindicatos señalan que la diferencia entre las categorías es muy amplia y que, en el caso de las inferiores, puede suponer incluso más gasto en desplazamiento que el valor que pueda aportar el incremento. Por lo tanto, esperan que la conselleria revise estos importes en una nueva mesa técnica antes de llevar el documento a la mesa sectorial.
Otros de los incentivos marcados por la Conselleria de Sanidad es en relación con la carrera profesional. Cuando un trabajador ocupe un puesto de difícil cobertura, su desempeño por un periodo de dos años supondrá la obtención del máximo de créditos previsto en dicha área para cada grado de carrera profesional.
Según el borrador, el desempeño de un puesto declarado de difícil cobertura dará derecho a una reducción del tiempo de permanencia necesario para el acceso a los grados 3 y 4 del sistema de carrera profesional. En este sentido, por cada tres meses de servicios prestados continuados en una de estas plazas, se reducirá en un mes el tiempo de permanencia necesario, con una reducción máxima de 12 meses para cada grado.
Por otro lado, el personal que ocupe una plaza declarada de difícil cobertura, también tendrá prioridad para la participación en actividades formativas directamente relacionadas con su actividad profesional, especialmente en las impartidas en los hospitales de referencia de gestión directa por parte de la Conselleria de Sanidad. También tendrá prioridad para participar en proyectos de investigación de su departamento.
En este sentido, desde los sindicatos también consideran que se debería incluir no solo plazas concretas -que se determinarán a petición de las áreas de salud-, sino también departamentos de salud concretos ya que, como apunta el propio decreto, son las zonas de interior las más afectadas.
Con el fin de paliar la carencia de profesionales, el borrador también establece el concepto de alianzas estratégicas entre departamentos. Se trata de acuerdos entre servicios asistenciales y unidades de gestión clínica de diferentes departamentos de salud, con el fin de compartir recursos de un área a otra con carencias. Éstas durarán dos años prorrogables anualmente y se valorarán a petición de las gerencias.
Para suscribir estos acuerdos Sanidad exige la identificación de una situación asistencial con posibilidad de mejora sustantiva por la dificultad en la prestación sanitaria y la generación de sinergias efectivas y económicas de escala, con el fin de integrar la gestión de los recursos asistenciales disponibles en las instituciones suscriptoras, con el objeto de establecer, mantener o incrementar la cartera de servicios.
Esta fórmula se utilizará cuando no resulte posible establecer plazas de difícil cobertura. Una vez acordada, se llevará a cabo preferentemente por personal voluntario y, en el caso de no existir éste o ser insuficiente, se adscribirá el personal necesario para el mantenimiento del servicio. Una cuestión que no contenta a los sindicatos, que consideran que no se puede obligar a los profesionales a desplazarse a otros departamentos.
El personal que preste este apoyo percibirá una retribución adicional que tendrá lugar por cada hora de realización de trabajo efectivo en el centro compartido. Si se trata de prestación ordinaria, consistirá en el 50% del valor/hora que se calculará tomando en consideración la totalidad de retribuciones fijas y periódicas del puesto. Si es jornada complementaria, la retribución adicional consistirá en el 50% de la cuantía aplicable en concepto de atención continuada o guardia por cada hora.
