Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha sacado a licitación el seguro de responsabilidad civil en los procesos penales del personal público en un escenario en el que las aseguradoras que buscan entrar en el ámbito sanitario público sigue siendo reducida. Se trata de un servicio clave que responde sobre las condenas económicas ante negligencias de los profesionales de la sanidad pública valenciana que lleguen por la vía penal.
El servicio sale por 1,6 millones frente al millón de euros de prima del pasado concurso, un precio que los especialistas del sector calificaron como ajustado. Hasta ahora ha sido Segur Caixa Adeslas quien ha prestado el servicio, un contrato que viene encadenando desde 2013. Ahora, las compañías tendrán hasta el 22 de marzo para ver si alguna aseguradora está interesada, pero la experiencia en otras comunidades autónomas no ha sido demasiado buena ya que son muchos los concurso desiertos por la desvinculación de las aseguradoras del campo sanitario.
De las asiduas al sector, Zurich anunció hace años su salida del negocio de las pólizas a médicos en la sanidad pública mientras que Mapfre y Berkley hicieron un parón en 2017. Desde el sector atribuyen la decisión al baremo para indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 -y que se utiliza también para el ámbito sanitario-, ya que incrementa de forma considerable las cuantías a pagar. Según señalan desde el sector, Segur Caixa Adeslas también se encuentra de retirada de este área mientras que Sham y la estadounidense Berkhire Hathaway sí están activas.
Sobre las sentencias de mayores cuantías de este año, el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs ha condenado a sendas penas de un año y nueve meses de cárcel a las dos enfermeras acusadas de una negligencia que causó la muerte a una niña de dos años en el hospital comarcal de esta localidad y estableció indemnizaciones a favor de los padres de la víctima que suman casi 232.000 euros en total, de las que deberán responder conjunta y solidariamente las dos condenadas y tres compañías de seguros y, de forma subsidiaria, la Conselleria de Sanidad.
Cabe recordar que la Generalitat renunció a tener un seguro para cubrir todas las demandas que lleguen por la vía civil, como los contencioso-administrativos, y que en el caso del personal a cargo de la Conselleria lo cubre la administración.
Estas intermitencias del seguro parte de 2012, donde dejó de existir durante meses una compañía de seguros que cubriera a los médicos si cometían algún error reprochable que fuera sancionado por la vía civil. La última fue la multinacional QBE Insurance Europe LTD, que estuvo de 2009 a 2011, servicio por el que pagó 4,9 millones de euros, tanto por la parte penal como la civil.
