Sanidad retrasa la reversión a la gestión pública del servicio de resonancias

VALÈNCIA. Sanidad no llegará a tiempo para revertir a la gestión pública el servicio de resonancias magnéticas el 1 de noviembre. Así lo han manifestado fuentes de la conselleria en varias ocasiones a los gerentes y jefes de Radiología de los departamentos públicos, quienes se encuentran con la incertidumbre de a qué situación se enfrentarán cuando finalice el contrato con la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (Grupo Ascires) y participada por Inscanner y Ribera Salud.

La fecha de la vuelta a lo público de estas pruebas se sabía con antelación, exactamente hace casi ocho años, cuando se inició el contrato con la UTE. Han pasado casi cuatro años de legislatura con el actual Consell -cuatro meses con la nueva consellera, Ana Barceló, tras la marcha de Carmen Montón- y, sin embargo, dentro de 15 días los hospitales públicos valencianos no podrán asumir con personal propio estas pruebas, que tienen un sobrecoste millonario para la administración, según un informe de la Sindicatura de Comptes.

Esto supondrá, probablemente -este lunes se tomará una decisión al respecto-, mantener el servicio que prestan Eresa e Inscanner sin concurso, realizando pagos a través de expedientes de enriquecimiento injusto, como ya ocurre en el Hospital General de València. En este departamento -dirigido por un consorcio formado por la Conselleria de Sanidad Universal y la Diputación de Valencia- terminaron los contratos en enero y julio pero la empresa ha continuado prestando el servicio sine die, a la espera de que realicen la reversión y tengan preparadas las nuevas máquinas.

Si algo tienen claro en Sanidad es que el aterrizaje debe ser "suave", pero reconocen que "será un proceso complejo por inédito". Se trata de personal de una empresa privada que presta servicio en un espacio público y en cuyos derechos laborales se subrogará la Conselleria, pero en muchos departamentos ni siquiera la jefatura de servicio de Radiología sabe cómo se organizarán e integrarán.

El decreto de subrogación no llegará a tiempo

De momento, el decreto para subrogar al personal, alrededor de 150 personas, sigue en fase de borrador y tan solo quedan dos semanas para que pueda ser aprobado a pesar de que fue en el mes de julio cuando el Consell realizó una declaración de urgencia para tramitarlo. 

El documento se encuentra en manos de la Abogacía de la Generalitat y tendrá que pasar por el Consell Jurídic Consultiu. Sin embargo, fuentes de la Conselleria admiten que no estará listo para la fecha de finalización del contrato y que se alargará lo necesario para realizar todo el proceso de forma ordenada.

Eresa facilitó un lista de personal a subrogar que el equipo de Ana Barceló está comprobando junto a los departamentos públicos, a quienes solicitó ayuda con el fin de que comprobaran quién firmaba informes y daba cita en los centros hospitalarios. Según el borrador, solo aquellos trabajadores de la UTE que lleven al menos un año trabajando en el servicio de resonancias magnéticas de los hospitales públicos podrán formar parte de la subrogación. 

Estos se incorporarán como personal 'a extinguir', una figura que ha sufrido un cambio esencial en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento del presupuesto de 2019, aprobada este miércoles en el pleno del Consell. En el nuevo documento se ha tenido que eliminar la posibilidad de sacar a concurso las plazas ocupadas por este personal. Por lo tanto, estos trabajadores, que no han entrado por oposición permanecerán en sus puestos hasta que se jubilen, excepto que se diera el caso de ser incluidos en un proceso de despido colectivo. 

El concurso de resonancias, de nuevo recurrido

A esta nueva circunstancia se suma el gran retraso que ha sufrido el nuevo concurso de resonancias, una licitación con la que se pretende crear un servicio complementario para facilitar la transición del servicio privatizado a la gestión pública. Aunque fue licitado en el mes de marzo, no se adjudicó hasta el mes de septiembre, aunque sigue sin ser definitivo.

Inicialmente, el proceso se vio alargado por sendos recursos de IMED y Eresa a la totalidad de lotes del concurso. Ahora, tras resultar adjudicatarias estas dos compañías junto con Alliance Medical, dos empresas han vuelto a recurrir los lotes de Alicante y La Marina Baixa. Esta situación impedirá que puedan empezar a prestar el servicio en noviembre.

Desde que se les asignen formalmente los lotes, las compañías tienen tres meses para preparar la puesta en marcha del servicio, por lo que hasta enero -por lo menos- los hospitales ya con gestión pública no tendrán ese refuerzo necesario para no generar largas listas de espera en la sanidad pública.