Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad reconocía este jueves en una reunión con el comité de empresa de Marina Salud, empresa gestora del departamento de Dénia, que las mayores dificultades para ejecutar la compra de las acciones con las que recuperar el hospital para la gestión pública no han sido provocadas por Ribera Salud, aunque en un primer momento tenían todas las miradas por los conflictos con la administración a causa de La Ribera.
Y es que, a pesar de repetir numerosas veces el gerente del departamento de Dénia, Luis Carretero, que estarían a disposición de la Generalitat para tomar la decisión que más acorde estuviera con las inquietudes del Gobierno Valenciano, DKV plantó a la Generalitat tras saber cuál era el precio máximo que podía pagar.
Como adelantó Valencia Plaza, este importe es de cerca de 16 millones de euros más la deuda que Marina Salud tiene con sus socios, que asciende a unos 35 millones. De los 16 millones, a DKV le correspondería el 65%. Lo ajustado del precio habría sido uno de los motivos por los que la aseguradora alemana decidió no sentarse a negociar mientras que Ribera Salud estaba dispuesta a deshacerse de su participación al precio ofrecido.
Mientras, Sanidad repetía a los trabajadores el mismo mensaje que comunicaba la pasada semana a la junta de personal y son las pocas esperanzas de recuperar para la gestión pública el departamento antes de elecciones. En la reunión, donde estuvieron presentes el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, destacaron el plazo límite y la poca voluntad de una de las partes de aceptar el precio ofrecido.
Gestionado en un 65% por DKV y en un 35% por Ribera Salud, las empresas también están a la espera de las liquidaciones para que la administración les presente un acuerdo definitivo con el que comprar todas las acciones y poder recuperar ya una concesión que termina en 2023. La última liquidación cerrada ha sido la de 2016, que acabó de determinarse este miércoles en comisión mixta.
La promesa realizada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha cumplido más de tres años y, desde entonces, el el dirigente socialista ha reiterado en numerosas ocasiones que la recuperación se iba a llevar adelante. A pesar de que llegar a un acuerdo era una misión urgente de la administración, la posición de DKV es mucho más cómoda después de tres años de espera. Es más, si deja correr el plazo unas semanas, podría encontrarse con que cambia el interlocutor en el Gobierno.
En el caso de ganar la derecha, esta sería más proclive a aceptar que Ribera Salud se haga cargo de la concesión, como pretendían los dos socios de Marina Salud en un principio, lo que cambiaría el escenario. Por otro lado, la Generalitat tiene que establecer el estatus del personal de la empresa privada Marina Salud si se cierra la operación de compra y la Generalitat pasa a ser concesionaria de sí misma. Una cuestión que ha sido replanteada respecto a la recuperación en Alzira y que en esta ocasión podría ser en forma de empresa pública, opción que no convence a los trabajadores del departamento, que quieren que la administración les absorba con la misma fórmula que el personal de La Ribera.
