Sarrià: "Un plan especial del Consell dará respuesta al cierre de la depuradora de Pinedo"

VALÈNCIA. (EFE). El cierre de la depuradora de Pinedo, una instalación supramunicipal que da servicio a cerca de 1.200.000 personas, es "inviable" por el daño medioambiental que produciría y debe ser la Generalitat la que, a través de un plan especial que está tramitando, dé respuesta a la sentencia que ordena su cierre. 

Así lo ha asegurado en rueda de prensa Vicent Sarrià, concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), entidad que junto a la Entidad de Saneamiento de Aguas (Epsar) de la Generalitat gestiona la depuradora. 

Sarrià se ha pronunciado así después de que los vecinos de la pedanía valenciana aprobaran ayer por unanimidad la presentación este lunes en la Ciudad de la Justicia del escrito en el que piden la "ejecución forzosa" de la sentencia dictada hace dos años. 

El fallo ordena al Ayuntamiento de València el cierre de la fase III por carecer de permiso de explotación -en las otras dos fases los daba por prescritos-, aunque en la práctica significaría el cierre de todas la instalación. 

Vicent Sarrià ha reiterado que el cierre de la "principal estación depuradora" de la Comunitat Valenciana, es "imposible" porque las aguas residuales irían directamente al mar, con el daño medioambiental que eso supondría.

Tras recordar que el Ayuntamiento de València "no tiene titularidad de ninguna clase" sobre las instalaciones, ha indicado que la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, está elaborando un "plan especial" que dé respuesta a la sentencia con medida correctoras que minimicen las consecuencias. 

"Hay una voluntad política expresada por la Generalitat y el Ayuntamiento de poner remedio a esta situación, pero no pasa por el cierre de las instalaciones", ha indicado Sarrià, quien ha agregado que el plan especial de la Generalitat prevé la inversión necesaria para minimizar los efectos negativos a los vecinos. 

Esta inversión del Gobierno valenciano, según ha indicado, podría ser de 80 millones de euros a largo plazo y de entre 20 o 25 millones a corto plazo.

Según el concejal socialista, si el juez insiste en el cierre de la depuradora, los servicios jurídicos del Ayuntamiento señalarían que ésta es "inviable" y la Generalitat, como gestora del mismo, deberá de pronunciarse al respecto.

"La autoridad judicial no puede ser insensible al daño medioambiental que provocaría este cierre", ha dicho Sarrià, para añadir que aunque es la mayor estación depuradora de la Comunitat Valenciana y forma parte del sistema que incluye el colector oeste y el emisario submarino, "siempre es susceptible de mejoras y de una ampliación". 

Respecto a la ampliación, ha indicado que está prevista una reserva de suelo para futuras ampliaciones porque no hay muchas ubicaciones posibles para la depuradora, pero ha señalado que la fecha de la misma "no es cercana ni inmediata". 

Preguntado por si se podría optar por el traslado de las viviendas de las 18 familias que viven en los alrededores de la depuradora, Vicent Sarrià ha señalado que esto "dependerá del plan especial" que elabora la Generalitat, a quien corresponde la competencia del saneamiento de la Comunitat.