VALÈNCIA (EP). El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha exigido este viernes al Gobierno la inmediata reglamentación del permiso parental de ocho semanas, que debe ser retribuido siguiendo la correcta transposición de la directiva europea para garantizar la corresponsabilidad, puesto que está demostrado que los permisos sin remunerar los solicitan casi exclusivamente las mujeres.
Para la organización sindical se trata de un permiso clave para eliminar los estereotipos del cuidado. Se trata de un permiso que se incorporó al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y al texto del Estatuto de los Trabajadores hace más de un año, pero, ante la falta de reglamentación, se está concediendo tanto por empresas como por administraciones como un permiso no retribuido. Este viernes expira el plazo dado por la Directiva UE 2019/1158, de 20 de junio, para remunerar este permiso.
A juicio de SATSE, el Gobierno está incumpliendo la transposición de la Directiva Europea (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a la Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Profesional de los Progenitores y los Cuidadores.
SATSE ha explicado que el Gobierno quiere 'camuflar' la no retribución de este permiso hasta el momento, entendiendo cumplida parte de la Directiva anteriormente expuesta, mediante el argumento de que parte de esas ocho semanas ya están siendo retribuidas con el disfrute acumulado del permiso para el cuidado del lactante menor de nueve meses, cuando son "permisos diferentes".
Asimismo, el Sindicato ha señalado que la acumulación por jornadas completas es solo una de las tres formas de disfrute de este permiso, ya que también es posible hacer uso del mismo con una hora de ausencia del trabajo que se puede dividir en dos fracciones, o con la reducción de la jornada en media hora a la entrada o a la salida.
La organización sindical ha constatado que, a lo largo de estos meses, se están poniendo muchísimos problemas para que los profesionales ejerzan su derecho sobre este permiso y otros. En este caso, han apuntado, las gerencias argumentan tanto 'necesidades del servicio' motivadas principalmente por la falta de personal suficiente y falta de cobertura a situaciones frecuentes (bajas por enfermedad, vacaciones, incidencias varias) o una mayor carga asistencial en determinados momentos, como falta de reglamentación a nivel estatal, que viene siendo la excusa más utilizada.
Precisamente por esta falta de reglamentación, las diferentes administraciones sanitarias están reconociendo de manera arbitraria este permiso parental a efectos del cálculo de días de vacaciones y asuntos particulares, a la antigüedad, servicios prestados, trienios, acceso a carrera profesional y ofertas de empleo público, así como en el cómputo como trabajo efectivo.
"La ausencia de desarrollo de este permiso está teniendo consecuencias negativas en la vida profesional de las personas trabajadoras y está ocasionando que un permiso que fomenta la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tenga repercusiones muy diferentes según se presten servicios en una Administración u otra, dependiendo de la arbitrariedad de la empleadora que se trate", han concluido.
El Sindicato ha subrayado además que, dentro del ámbito sanitario, y en lo que respecta a enfermeras y fisioterapeutas, las barreras a la conciliación son continuas, lo que imposibilita la gestión adecuada del tiempo que los profesionales pueden dedicar a su vida familiar y personal.
Las enfermeras se encuentran "en la diana de profesiones con mayores dificultades" para hacer posible la conciliación de su vida profesional, personal y familiar. Se trata de un "colectivo especialmente vulnerable" y sobre el que recae el "doble peso" de la exigencia del puesto de trabajo y de su entorno de cuidados familiares.
A este respecto, han recordado que, en el caso de las enfermeras, según el INE (2022), el 84,2 por ciento de las personas colegiadas son mujeres, lo que agrava la situación. Así, la imposibilidad de conciliar la vida personal y familiar está generando el agotamiento de estas profesionales e incluso les está llevando a plantearse su continuidad dentro de la actividad asistencial, en un momento en el que el Sistema Nacional de Salud "necesita más profesionales que nunca".
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha cifrado este viernes en 7 millones de euros el importe de la sanción europea por el retraso en la retribución del permiso parental, una cantidad que "se irá agravando a medida que este incumplimiento se extienda en el tiempo".
"El incumplimiento está constatado y es completo", ha reconocido Pérez Rey en la rueda de prensa para presentar los datos de paro de julio, y, en consecuencia, "estamos siendo emplazados y apercibidos por la Comisión Europea".
Desde este 2 de agosto España se encuentra en situación de incumplimiento de la directiva europea de conciliación, que obliga a retribuir al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental hasta los ocho años.
El Gobierno "ha dado pasos" para cumplir con la directiva, ha destacado el secretario de Estado, pero el incumplimiento de una parte se ha traducido en un apercibimiento "en un montate que roza los 7 millones de momento".
Pérez Rey ha defendido la necesidad de dar "una respuesta cuanto antes", ya sea en la futura ley de presupuestos, como se había planteado hasta ahora, "o fuera de ella".
En esa misma rueda de prensa, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha puesto en valor el acuerdo de pensiones alcanzado esta semana y ha destacado que se ha implementado un sistema objetivo para establecer los coeficientes reductores en la edad de jubilación para profesiones peligrosas o penosas.
Estos coeficientes podrán aplicarse siempre que se cumplan unos indicadores objetivos de mayor siniestralidad o penosidad "con todo el detalle y todas las garantías", ha defendido, sin limitarlos a unos colectivos concretos como han denunciado esta semana los transportistas
