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GRAND PLACE  / OPINIÓN

Se va el caimán, se va el caimán…

5/06/2018 - 

VALÈNCIA. Se va para Barranquilla…, dice la famosa cumbia. Esta canción popular caribeña -prohibida por Franco- se ha venido utilizando para referirse a dirigentes políticos que se han ido, que se van o que se tienen que ir. Y el nuestro se fue. Mariano Rajoy se ha ido anunciando ante Europa que los presupuestos del Estado, recién aprobados antes de que le derrotara el socialista Pedro Sánchez con una moción de censura, cumplirán con los objetivos del déficit. Al mismo tiempo, Bruselas hacía públicas sus sospechas de que España seguiría siendo país incumplidor del déficit y de la deuda pública. 

¿Y qué significa esto? Pues que desde 2009, en que el Consejo Europeo declaró que España no cumplía con los límites del Pacto Fiscal y que debía controlar el gasto público, el Gobierno español ha tenido que adoptar unas políticas de austeridad. El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero dimitió antes de cumplir su mandato negándose a adoptar alguna de estas medidas, como fue la segunda reforma laboral, o impotente de superar una crisis en todo su apogeo. Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno español en 2012 con mayoría absoluta y plegándose a todas la exigencias de Bruselas, incluidos los rescates bancarios y los temidos recortes.

Al menos, así nos los han contado. ¿Pero cuáles han sido las verdaderas exigencias de Bruselas? En el Consejo de 2016, las recomendaciones fueron principalmente aumentar la transparencia y el control de la contratación pública, y luchar contra la corrupción a nivel judicial. Y lo más importante es que el control del gasto público no debía traducirse en el recorte de los derechos sociales. Para ello aconsejaba mejorar las prestaciones de desempleo y la cooperación con las empresas para mejorar el empleo, además de incentivar la contratación indefinida dado el abuso de la contratación temporal. Lamentaba la disparidad autonómica en la prestación de servicios sociales y los deficientes resultados en materia educativa. Pero, sobre todo, señalaba que, “a fin de aumentar la productividad y la competitividad, a España le beneficiaría un mayor fomento de la investigación y la innovación”.

¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno popular en los últimos seis años? Sin poder ser exhaustiva por no contar con las cifras en la mano, recordaremos cómo han sido las reformas laborales, potenciando el empleo temporal y precario. Recordaremos cómo se ha recortado en servicios sociales, programando un presupuesto cero para la Ley de Dependencia. Recordaremos los recortes en educación dificultando el acceso a las becas. Y vemos cómo España se convierte en el primer país exportador de científicos y universitarios altamente cualificados que no encuentran aquí un trabajo acorde para desarrollar sus capacidades. 

 

Bruselas le dio un cachete al gobierno español, a Mariano Rajoy, y le recomendó entre 2017 y 2018 aumentar la eficiencia en el gasto. y reforzar la “coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas para incrementar la contratación indefinida”, además de garantizar un “nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación”. ¿Les suena? A mí tampoco.

En su lugar, se ha dedicado a amnistiar a los defraudadores fiscales, a los que no declaran a Hacienda y se llevan su dinero a otro país para no pagar impuestos; a renunciar a recuperar los más de 60.000 euros del rescate bancario que pagamos entre todos los ciudadanos, y, como regalo de despedida, hace tres meses el Gobierno popular asumía el rescate de las autopistas quebradas. Mil millones de dinero publico para saldar deudas privadas. ¿Y el riesgo empresarial? 

De lo que se puede deducir que todas las medidas de austeridad “impuestas” desde Bruselas, no eran tales. O, al menos, no de forma absoluta. Claro que la Unión Europea le estaba exigiendo a España que controlara el gasto del Estado, que no despilfarra. Pero no le decía en qué debía recortar. Es decir, sí le decía en qué no debía recortar: en empleo, educación, servicios sociales, investigación e innovación… Que no nos engañen. Ni aquí, ni en Barranquilla.

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