Seis elegidos para estudiar el reajuste de competencias entre Diputación y Generalitat

VALÈNCIA. El jefe del Consell, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, anunciaron hace casi tres meses la creación de dos comisiones bilaterales entre ambas instituciones con el objetivo de propiciar "la máxima coordinación posible" y "ofrecer los mejores servicios públicos". 

La primera de ellas tenía como objetivo coordinar la acción presupuestaria de 2019 y ya se encuentra en marcha. La segunda, más compleja, está dirigida a "superar las ineficiencias y las duplicidades" entre ambas administraciones. En palabras del propio Puig, una "comisión de transferencias de la Diputación a la Generalitat" alrededor de las competencias propias que el Estatut de Autonomía determina para el Gobierno valenciano.

Así, casi tres meses después, las instituciones implicadas han decidido quiénes serán los seis responsables -tres por la diputación y tres por la Generalitat- de conformar esta comisión que debe reajustar las áreas de gestión e influencia de la corporación provincial, que ha terminado a menudo por invadir competencias que a priori deberían pertenecer al ámbito exclusivo del Ejecutivo autonómico.

De esta manera, los elegidos por la institución son la vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó (Compromís); y los diputados provinciales Voro Femenia (PSPV) y Mercedes Berenguer (PSPV), mientras que en la Generalitat los miembros de la comisión designados son Toni Such (PSPV), director general de Administración Local; Isa Castelló (PSPV), directora general de Sector Público, e Iván Castañón (Compromís), director general de Coordinación Institucional en Vicepresidencia y persona de confianza de Mónica Oltra.

Una comisión que tendrá que poner orden en el reparto de competencias que, según admitió el propio jefe del Consell en su comparecencia de octubre, no se están ajustando en la actualidad a lo que debería regir en cada una de las instituciones. 

Como ejemplo, Puig citó la Ley General de Sanidad. "Esta norma ya situaba un proceso de arquitectura que pasaba por que finalmente fuesen los servicios autonómicos -la Generalitat- los que recogieran las competencias que tienen las diputaciones en materia de Sanidad", indicó. Una consideración que no cumple, por ejemplo,con  el Hospital Psiquiátrico de Bétera, el Hospital Provincial de Valencia -más conocido como Hospital General Universitario- y el Hospital Provincial de Castellón. 

El primero es competencia de la Diputación de Valencia y no de la Conselleria de Sanidad, el segundo está participado por ambas administraciones a través de un consorcio y también un consorcio entre la Conselleria y la Diputación Provincial gestiona el Hospital Provincial de Castellón.

Una tarea ardua que, según fuentes del Consell y de la Diputación, se prevé poner en marcha este mes de enero con la primera reunión de la mencionada comisión. No obstante, tal y como admitió semanas atrás el propio presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, en una entrevista concedida a Valencia Plaza, resulta "imposible en seis meses acometer cambios y soluciones a esto, dado que lleva aparejados cambios normativos que deberán ir a Les Corts",si bien celebró la creación de la citada comisión puesto que implica "poner los cimientos -a la revisión de competencias-, cosa que nadie había hecho hasta ahora".