VALÈNCIA. (VP/EP). El saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (València), lo que se ha conocido como el caso Emarsa, ha dejado 10 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar).
Así consta en la sentencia, dada a conocer este viernes, que se dirige contra las 24 personas que se han sentado en el banquillo de los acusados por la pieza principal del caso Emarsa y que quedó vista para sentencia el pasado mes de diciembre tras siete años de investigaciones. La resolución puede ser recurrida y, de hecho, Enrique Crespo ha confirmado a la salida del juzgado que va a recurrir.
La resolución considera que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.
Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos. Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, asó como otras de menor cuantía a título particular.
Así, al exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad se le han impuesto 10 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio durante la condena y 20 años de años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Se le absuelve del delito de falsedad en documento oficial y malversación de caudales relativo a la Epsar.
En el caso de José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar, la pena es de 9 años de prisión y también 20 años de inhabilitación absoluta por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales.
Entre otros condenados por el fraude también se encuentra el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, a quien se le han impuesto 12 años y medio de cárcel, la pena más alta. En concreto, son 4 de cárcel, 9 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de un año a 10 euros diarios por un delito de cohecho en concurso medial con falsedad en documento mercantil; y otros 8 años y seis meses por prevaricación, falsedad y malversación. Queda absuelto de la prevaricación y la falsedad en lo referente a Epsar. Asimismo, el tribunal considera participe a título lucrativo a su exmujer Cristina Segarra por una cantidad de 342.427 euros.
Para Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de Epsar, la pena, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y devolver parte del dinero saqueado, se le ha quedado en 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 9 años por un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental y malversación. Al empresario Jorge Ignacio Roca, único que está actualmente en prisión por este procedimiento, se le han fijado 6 años y un día como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales público y como autor de otro de falsedad documental.
A Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se le han fijado 8 años y seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación, falsedad y malversación; y a su hermano Antonio José, le caen 11 meses de prisión e inhabilitación durante un año y siete meses por falsedad y cooperador de malversación; mientras que a Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, 7 años y seis meses y 20 de inhabilitación por malversación y falsedad.
Así mismo, a Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín', se le han impuesto 2 años y seis meses de prisión y 5 años de inhabilitación total (cooperador de la malversación y falsedad); a Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, 4 años y seis meses de cárcel y 6 de inhabilitación, como cooperador necesario de los delitos contemplados; y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, un año, nueve meses y un día de prisión como cooperador de un delito de cohecho y delito de falsedad; nueve meses de multa a 6 euros diarios.
A Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, 2 años y seis meses de cárcel y 5 años de inhabilitación al considerarlo cooperador de un delito de malversación y autor de uno de falsedad. En cuanto a Santos Peral, exjefe de contabilidad y con responsabilidad políticas en el PP de València, nueve meses y un día de cárcel e inhabilitación durante dos años por malversación; e Ignacio Martínez Maiques, exjefe de compras e igualmente miembro del PP, nueve meses y un día y dos años de inhabilitación por la misma infracción.
Para Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec, se han impuesto 6 años y un día de cárcel para el primero y 6 años y seis meses de cárcel para el segundo como cooperadores de la malversación y autores de falsedad en documento mercantil; para María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín', tres años de cárcel y más de 7 de inhabilitación como cooperadora necesaria de malversación en concurso con falsedad; para la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil, 2 años y seis meses e inhabilitación de 5 años, también por ser cooperadora necesaria; para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis, 10 meses y tres días de cárcel y un año y seis meses de inhabilitación; para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua, 4 años y seis meses de prisión y 6 años de inhabilitación, también por su cooperación en delitos de malversación y falsedad; y para Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, 11 meses de cárcel y un año y seis meses de inhabilitación.
Por su parte, Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa, ha sido condenada a 11 meses de cárcel e inhabilitación absoluta de un año y medio por falsedad y como cooperadora de malversación; la misma pena que ha recaído en Leonor Moreno, abogada de la entidad, y Luis Antonio Botella, abogado y ex primer teniente alcalde de Moncada.
En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia determina que en conjunto y de forma solidaria deberán pagar hasta 23,5 millones Esteban Cuesta, Enrique Crespo y Enrique Arnal; mientras que hasta 13 millones deberán indemnizar Morenilla, Bernácer, Roca, Ros y Sena; y hasta 7,2 millones, 'Chanín' y su hermana.
En la última sesión del juicio, algunos acusados reconocieron lo que hicieron y pidieron disculpas. Fue el caso de Esteban Cuesta, quien manifestó que no había día en que no se arrepintiera de lo que había hecho. Enrique Arnal aseguró que no se reconocía en la persona que contrarió la ley y 'Chanin' pidió perdón por si había perjudicado a personas a instituciones de la Comunitat.
Por su parte, Roca reconoció haberse quedado con el dinero del IVA de facturas de Emarsa pero negó ser el cerebro del fraude; mientras que Morenilla insistió en que no era un "ladrón de guante blanco". Crespo no quiso pronunciarse ese día pero sí mantuvo a lo largo del juicio que era inocente.
La sentencia sobre el caso Emarsa que ha dado a conocer este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), llega tras dos aplazamientos del juicio y siete años de instrucción.
El juicio se aplazó en dos ocasiones, la primera, el 2 de noviembre de 2016 por la ausencia de uno de los acusados, el empresario José Ignacio Roca Samper, que estuvo huido de la justicia más de tres años, fue detenido en Moldavia en julio de 2015, extraditado el 15 de abril de 2006 y enviado tres días después a prisión provisional sin fianza, que actualmente cumple en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza).
El pasado 13 de marzo, en la primera vista, cinco letrados defensores del turno de oficio pidieron más tiempo para poder estudiar los 200.000 folios que componían la causa, de modo que la sala decidió posponer por segunda vez el inicio del juicio.
La instrucción de este caso determinó la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.
Entre los principales procesados en esta causa estaban el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.
También figuraban el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla y el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer.
La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos "negocios": uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Epsar y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.
El otro, el de tratamiento de lodos, se basó igualmente en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados.
La Fiscalía pedía penas de 20 años de cárcel para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (Valencia), Enrique Crespo, que finalmente han quedado en doce años y medio, y 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, condenado hoy a diez años, considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta.
Reclamaba asimismo 10 años Juan José Morenilla, que han quedado en la sentencia en nueve años de prisión, y 3,5 para Ignacio Bernácer, lo mismo que la sentencia, ex altos cargos de la Generalitat, en todos los casos por falsedad, prevaricación y malversación, además de cohecho en el caso de Cuesta.
La Generalitat Valenciana trabajará "para recuperar hasta el último céntimo que los antiguos dirigentes del PP robaron a los valencianos también en la depuración de aguas" más allá de las penas concretas que ha impuesto la justicia en el caso Emarsa.
Así lo ha señalado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada. La sentencia se ha dado a conocer mientras se desarrollaba la rueda de prensa y Oltra ha indicado que "más allá de las penas para las personas que saquearon las arcas públicas" el objetivo de la Generalitat es "recuperar el dinero robado".
También ha lamentado tener que hablar de este tipo de cuestiones un viernes más, destacando que "prácticamente no hay ámbito de gestión en el que no se montara una trama de saqueo del dinero público", y ha recordado que una vez en Les Corts tuvo "un encontronazo" con la exalcaldesa de València, Rita Barberá, por esta cuestión, ya que la entonces mandataria dijo que "allí no robaba nadie". "Ahora resulta que sí, y no lo digo yo, lo dicen los jueces", ha apuntado.
Oltra ha incidido en que las penas están en el ámbito judicial y la Generalitat lo que busca es "ese dinero que no tenía que haber desaparecido nunca" y que debía ir destinado, por ejemplo, a políticas medioambientales o de residuos, "no al saqueo sistemático". "El dinero público se tiene que dedicar a mejorar la vida de las personas y no de un partido y sus integrantes", ha concluido.
