Sergio Blasco. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (VP/EP). Sergio Blasco, exgerente del Hospital General y sobrino de Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad encarcelado por el caso Cooperación, ha depositado los 80.000 euros de fianza y ha evitado su ingreso en prisión tras haber sido detenido este jueves junto a otras ocho personas por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos sanitarios a cambio de comisiones ilegales en la Conselleria de Sanidad.
El instructor ha tomado declaración desde primera hora de este viernes a siete detenidos y a otro investigado que ha comparecido voluntariamente en una causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, blanqueo, fraude y cohecho.
Entre los arrestados se encuentran además un hermano de Sergio Blasco, también sobrino del exconseller, y responsables de varias empresas, proveedoras de servicios y de material de la Conselleria de Sanidad, del Consorcio Hospital General Universitario, del centro Hospitalario y La Fe.
Durante la comparecencia, que se ha celebrado pasadas las 10 horas en una de las salas de la Ciudad de la Justicia, Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión eludible con fianza de 180.000 euros para Sergio Blasco, así como la misma medida pero con una fianza sin concretar para Francisco José Escandell, administrador de varias empresas como Cyomed o Mantenimientos Paesvi; Miguel Sanfélix, administrador de las empresas Out-Log y Kanbanlog; y para Ana Clares, accionista de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo.
El juez, tras estudiar las peticiones, ha acordado fijar 80.000 euros para que Sergio Blasco evite la prisión provisional, y la libertad bajo fianza de 35.000 euros para dos de los empresarios arrestados.
Los otros cinco investigados han quedado en libertad con medidas cautelares que van desde las comparecencias periódicas en el juzgado hasta la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional para el resto, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según el TSJCV, la investigación se inició a partir de 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado incoó diligencias y, casi tras dos años de investigación, el instructor ordenó esta semana el secreto sobre una parte de la causa para poder llevar a cabo la operación que ha culminado con los arrestos y registros.
EUPV había presentado con anterioridad un escrito ante Fiscalía, firmado por la exparlamentaria en las Corts y actual eurodiputada Marina Albiol, en el que se aludía a una presunta trama de corrupción de adjudicaciones sanitarias a empresas privadas por valor de unos 29 millones de euros.
Entre ellas, en la denuncia se aludía a que las empresas Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante SL y Connectall Systems SL recibieron numerosas adjudicaciones públicas de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General Universitario y la Diputación de Valencia desde 2001 y hasta 2012, por mantenimiento y limpieza y posteriormente por cuestiones más especializadas.
Según denunció EUPV, uno de los administradores de esas empresas era Francisco José Escandell Vila, quien tenía otra firma denominada Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL que, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, fue vendida el 14 de mayo de 2012 a Francisco José Blasco Perepérez, hermano de Sergio Blasco.
A partir de ahí, la formación de izquierdas realizaba una serie de conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira, como que Francisco José Blasco figuraba como administrador de Solana Cantal Gros, donde un hermano del exconseller Blasco era apoderado y Gisela Blasco Perepérez, exedil de Gandia, fue administradora única y, al parecer, en febrero de 2007 adjudicó la asistencia telefónica del municipio a una empresa relacionada con el caso Cooperación.
La relación llegaba hasta Sanygestión 2012 SL, donde aparecía Francesc Manel Blasco Tello, sobrino de Sergio Blasco y que hizo un trabajo universitario de carácter académico precisamente sobre la empresa Out-Log SL.
El montante de las adjudicaciones ascendía a 29,4 millones de euros, los principales, de 18,8 y 10,5 millones de Sanidad a Out-Log, con fechas 2010 y 2007, para la gestión del servicio público mediante concesión, en el primer caso, de la logística del Departamento de Salud Valencia La Fe, en el antiguo y nuevo centro, y el servicio integral de logística para el Hospital General y el área de influencia.
En la operación se practicaron 18 entradas y registros en domicilios particulares de los investigados y sedes sociales de empresas en Alicante, Madrid, Valencia, Alzira, Mislata, Paterna y Xirivella, en donde intervinieron documentación sobre la relación comercial entre la administración pública y las empresas investigadas.
Además de los 18 registros, que se prolongaron hasta las 23.00 horas, el instructor comisionó a los agentes de la Policía Nacional para que recabasen en la Conselleria de Sanidad y en el Hospital General determinada documentación complementaria de los expediente administrativos que están bajo sospecha.
