No hace mucho tiempo, España era un país que destacaba por su europeísmo. Aún destaca, pero todo indica que esto está en vías de cambiar. Por circunstancias tanto geográficas como políticas, España ha sido un país, en los últimos doscientos años, alejado de los debates y acontecimientos centrales europeos. La reacción española a la indiferencia o el desprecio europeo oscilaba entre los intentos por modernizar el país y acercarlo a los estándares europeos (Europa como solución del problema de España) y el desprecio por lo europeo, al constatar que Europa no hacía ni caso o despreciaba a España. Y ahí brillaba con luz propia la dictadura franquista, aislada e ignorada por Europa (mucho más que por Estados Unidos), con sus concentraciones patrióticas en la plaza de Oriente y sus carteles de sutil ingenio: "Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS".
Con la democracia, todo esto cambió. España, por fin, se adhirió a la Unión Europea, y muchos complejos, retrasos y problemas quedaron atrás. Hasta ahora, cuando el espectáculo de impecable garantismo jurídico que nos están reportando las instituciones españolas comienza a hacer saltar las costuras: de las relaciones con Europa, y de la propia Constitución española. Los constitucionalistas "pata negra", en su afán por aplicar una justicia desproporcionada y vengativa a los líderes del procés independentista, acumulan ridículos y fracasos a un ritmo frenético, casi tan elevado como el que han adquirido vulnerando derechos.
Obviamente, los líderes independentistas no son unos angelitos, y los acontecimientos que llevaron a la declaración de independencia de Cataluña en 2017 no están exentos de responsabilidad judicial de algún tipo. Pero conforme pasa el tiempo y se asienta la sentencia del procés, con su década de cárcel por persona como castigo estándar, incluyendo a personas (los Jordis) que ni siquiera ocupaban puestos de responsabilidad política, conforme se aprecia la desmesura de las sentencias, su dureza pretendidamente ejemplarizante, y los múltiples atajos para conseguir el castigo previsto, más cara de presos políticos se les pone. Y más evidente resulta que el problema político no se solucionará con resoluciones judiciales (más bien lo contrario).
Desde que se estableció la respuesta del Estado y del Gobierno Rajoy al desafío independentista en la rebelión (con penas de hasta treinta años de cárcel), y dicho encausamiento está siendo sometido al escrutinio de jueces de otros países europeos, el Estado español ha hecho el ridículo incesantemente, pues ha perdido todos y cada uno de los envites decisivos que han tenido lugar fuera de nuestras fronteras. Aunque siempre había una razón, claro está. Primero era culpa de los belgas, que nos tienen manía y siempre están deseando meter el dedo en el ojo de España. Cuando la policía alemana detuvo a Carles Puigdemont, todas las esperanzas del españolismo que jalea las condenas de cárcel agitando la bandera se depositaron en Alemania, un país serio, aliado de España. Ahora Puigdemont sí que se iba a enterar. ¡Y vaya si se enteró!
Pero no se preocupen, que también para esto había explicación: era culpa de unos jueces pueblerinos, que no tienen ni idea de derecho ni de garantías procesales, que se dejaron engañar por las aviesas maquinaciones de Puigdemont y sus abogados. Mientras tanto, el juez Llarena (en aquellos momentos gran héroe del españolismo) ponía y quitaba euro órdenes a voluntad, como si estuviera jugando a un videojuego de estrategia (y jugando no muy bien, hay que decir), y los líderes independentistas que decidieron quedarse en España eran premiados con dos años de prisión preventiva, y con los mencionados diez años de cárcel por cabeza.
El cambio de Gobierno había atemperado algo las cosas: Junqueras y los demás políticos presos pasaron a una cárcel catalana, y la abogacía del Estado sustituyó la rebelión por la sedición (de un máximo de treinta años a sólo 20). Pero ahí quedó la cosa. Sobre todo, cuando Pedro Sánchez decidió ir a la conquista del centro político en la repetición de las elecciones, por la vía de prometer mano dura con el independentismo catalán (el mismo independentismo catalán con el que ahora está negociando y prodiga todo tipo de gestos y buenas palabras).
Y así hemos llegado, en plena negociación, al último varapalo judicial, propinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha certificado la condición de eurodiputado (y, por tanto, la inmunidad) de Junqueras (y que previsiblemente hará lo mismo con los otros líderes independentistas que obtuvieron el acta de eurodiputado en mayo, entre ellos el propio Carles Puigdemont), y vuelve a poner de manifiesto las carencias y la parcialidad en la aplicación de la justicia por parte del Tribunal Supremo. Y está evidenciando también el crecimiento de una corriente de fondo de la que Vox es el máximo ejemplo, pero no el único: el crecimiento en un sector importante de la población española del euroescepticismo, derivado de las dificultades de la justicia española para aplicar su particular sentido de la justicia con total libertad, pues los europeos nos tienen manía y no dejan hacer lo que les venga en gana a los jueces españoles.
Todas las buenas palabras europeístas del pasado, sobre las libertades, la modernidad, la civilización europea, se las han llevado el viento de los tribunales europeos, irritantemente garantistas. Y más irritación que habrá cuando los líderes independentistas que no sigan presos ocupen sus actas de eurodiputados. Entonces, podrá hacerse real el nuevo grito del españolismo euroescéptico: si ellos tienen presos políticos, nosotros tenemos políticos presos.