FOTO: EUROPA PRESSEl diminuto pueblo peruano de Jauja fue inmortalizado por Lope de Rueda al imaginarlo como el Paraíso, donde a la gente le pagaban por dormir, se castigaba a los que trabajaban, los árboles daban buñuelos en vez de fruta, había un río de miel y otro de leche y las calles estaban pavimentadas con yemas de huevo. Al ser imaginario, todo era posible en Jauja. Hoy día, al pueblo cordobés de Jauja, como al resto de España, se le promete un futuro de crecimiento nunca visto, de prosperidad regada con fondos públicos ilimitados y de empleo creciendo a tasas desconocidas. ¿Habrá resucitado Lope de Rueda cinco siglos después?
Con una tasa de riesgo de pobreza del 21% y un desempleo real del 15%, un lacerante paro juvenil del 40%, una desestabilizante inflación del 5,5%, un gigantesco endeudamiento público del 120%, un estratosférico déficit fiscal del 8,6%, una productividad en descalabro y un magro PIB per cápita de 24.000€, desde el gobierno se practica ilusionismo político. Con abundante dinero en circulación, bajo crecimiento neto y deuda galopante se origina inflación en recesión. El corolario actual de todo ello no es el Apocalipsis, sino estanflación, que ya se vivió en los setenta en España, con desastrosas consecuencias para los españoles.
Los Presupuestos para 2022, los más expansivos e irreales de nuestra historia, con casi 460.000 millones de euros, suponen una huida hacia adelante, todas las agencias de prospectiva económica los califican de prestidigitación presupuestaria. De entre las innumerables partidas que componen el marco contable, cuatro grupos destacan sobre el resto: el gasto para las pensiones, las prestaciones por desempleo, el sueldo de los funcionarios y los pagos en intereses de la deuda se llevan prácticamente la mitad del presupuesto, el 53,3%. Con el resto, y el aporte anual de los fondos europeos, debemos promover el crecimiento y el empleo, conceptos que difieren en cada rincón del gobierno y en cada coaligado parlamentario.
Se gasta sin criterio y visión de futuro, no se establecen las palancas necesarias para promover el crecimiento económico, se toman decisiones que promueven la desconfianza de los inversores, la desazón de los empresarios y la inquietud social. El antecedente calamitoso del Plan E de Zapatero no ha servido de nada, se vuelve a gastar dinero público sin orden, ni concierto. Es difícil que una nación quiebre en la Unión Europea, pero es muy factible que un gobierno pueda arruinar a sus ciudadanos.
El objetivo de las medidas anticíclicas aplicadas en Europa tras la pandemia ha consistido en estimular la demanda agregada, consumo más inversión, siguiendo principios keynesianos clásicos. En España se ha activado una panoplia de acciones (Eres, Avales Bancarios, Créditos ICO, Ayudas a Autónomos, Desgravaciones/Aplazamientos Fiscales, Ingreso Mínimo Vital, etc.) cuyo pago se financia por el endeudamiento actual, y futuro, y por la ayuda europea. La complejidad y lentitud burocrática para conseguir estas ayudas han sido su seña de identidad, consiguiendo la desesperanza de muchos. A modo de ilustración, y aún a pesar de la política de bajos intereses practicada por el Banco Central Europeo, el coste anual de nuestra financiación es de 30.000 millones de euros (como referencia, el presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2021 es de 27.000 millones).
Cuando Keynes escribió su Teoría General en 1936 pensaba, quizás cándidamente, en el buen juicio de los gobernantes para cebar la bomba, pero esto, desgraciadamente, no es evidente en todos los sitios. La aplicación empírica de sus postulados fructificó inicialmente con el New Deal de Franklin Roosevelt y los sucesivos presidentes, hasta Lyndon B. Johnson, aplicando cada centavo de dólar hacia la recuperación económica y, por ende, al progresivo descenso del déficit público.
Elaborar las cuentas públicas bajo directrices populistas, clientelares y de apoyo parlamentario, es la peor guía para que España salga, poco a poco, del atolladero actual. El Tesoro la comenzado a recibir desde la Comisión Europea los primeros fondos de prefinanciación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, hasta 2026 recibiremos dinero comunitario en el marco del programa Next Generation UE. Según el gobierno “El Plan de Recuperación incorpora 212 grandes inversiones y reformas que van a permitir la transformación económica y social de España incrementando la productividad y la cohesión social, el nivel de competencias de la población, la innovación y la competitividad tras la crisis económica que ha provocado la COVID-19. El objetivo es conseguir un país más verde y digital y reducir las brechas sociales, territoriales y de género”.
Es difícil concebir un plan con mayor vaporosidad y que despierte mayor desconfianza por parte de los actores económicos. Más que un plan, parece la declamación de un rapsoda en el mes de María. Las inversiones se han definido desde el mayor oscurantismo y subjetividad; los criterios de adjudicación presentan los máximos recelos y se prescinde de cualquier control externo para certificar el cumplimiento de objetivos. La ausencia de accountability se podría traducir como despotismo.
Como se indicaba con anterioridad, España recibió el pasado agosto 9.000 millones de euros a cuenta del Plan de Recuperación y 10.000 más que acaban de llegar. Sería interesante conocer el criterio de la Comisión para considerar cumplidos los 52 requisitos exigidos a nuestro gobierno para liberar la segunda transferencia; hasta hora, los jóvenes de la Next Generatión no han observado ningún avance reformista.
El gobierno carece de una auténtica Oficina de Evaluación de la Eficiencia de los Programas Públicos independiente del mismo, por lo que, en unos casos, es la rapidez con la que se agotan los fondos destinados a determinadas ayudas públicas la que determina su calificación de éxito o fracaso, con independencia de los resultados logrados. En otros casos, con frecuencia, determinadas partidas presupuestarias son indexadas automáticamente a la inflación, ejercicio tras ejercicio, sin que exista justificación de tipo alguno para su mantenimiento. Sin control de los objetivos y de los resultados de cualquier política pública por una autoridad externa independiente, todo se deja al albur del ejecutivo. No controlar objetivamente los outcomes se podría traducir como irresponsabilidad.
En España la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) desarrolla una actividad silente, con serias dudas de que esté dotada de recursos para su desempeño cotidiano y con la sospecha que despierta su dependencia del Ministerio de Hacienda y AAPP. Diferencia abismal con lo que ocurre, por ejemplo, en EEUU con The U.S. Government Accountability Office (GAO), calificado como el vigilante del Congreso para el control de las políticas públicas del ejecutivo.
Si Lord Keynes hubiese concebido su Teoría General en la España de hoy, hubiese exigido un control parlamentario externo a la Administración para valorar el destino del dinero público; lo que se hace, lo que cuesta y los logros conseguidos. Quizás hubiera fracasado, pero su manual de procedimientos hubiese sido más completo y hubiera evidenciado el temor de que en España se implantase, de nuevo, el caciquismo en el gasto público.
José Emilio Cervera, ex Eurodiputado por el CDS
