Siete funcionarios del Ayuntamiento llevan al juzgado bolsas de trabajo presuntamente irregulares

VALÈNCIA. Siete funcionarios del Ayuntamiento de València han llevado a los juzgados la constitución de una bolsa de trabajo presuntamente irregular el pasado mandato. La demanda presentada ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, a la que ha tenido acceso este diario, exige la anulación de las bolsa constituida en 2018, que se creó con aspirantes de otra bolsa anterior que sólo habían aprobado una de las dos pruebas.

En diciembre de 2016, el gobierno municipal, a instancias de la concejalía de Personal que entonces dirigía Sergi Campillo, aprobó las bases para la creación de una bolsa de personal auxiliar administrativo en la que la fase de selección constaba de dos ejercicios, el segundo de los cuales tenía carácter eliminatorio.

La bolsa se constituyó en 2017, y llegado 2018 ya se había agotado, de manera que la concejalía llevó a la mesa de negociación con los sindicatos la creación de una nueva bolsa con los aspirantes que no habían superado el segundo ejercicio de la fase selectiva de la bolsa anterior. Todos los sindicatos votaron a favor. Los denunciantes critican que la mesa "no ostenta potestad reglamentaria alguna [...] ni tampoco tiene competencia ni capacidad para modificar la norma reglamentaria que regula las bases".

Asimismo, el escrito presentado ante el juzgado incide en que "el nombramiento de personas que no han aprobado el segundo ejercicio, es decir, que no están capacitados en la práctica para una mínima diligencia en la salida y correcta redacción de escritos y oficios (entre otras funciones), supone ralentizar el trabajo de esos otros auxiliares administrativos que sí aprobaron toda una fase de oposición y tienen dilatada experiencia".

A juicio de los demandantes, el sistema elegido provocó que "personas sin cualificación ni formación suficiente pasan a ser nombradas, y en algunos casos a ejercitar funciones y categorías superiores a aquellos otros funcionarios, que accediendo por un sistema de oposición, llevan años y décadas con méritos propios desempeñando su función".

"Que se agote la bolsa de trabajo no implica que se hayan de vulnerar las bases reguladoras de su formación por necesidades perentorias del servicio, o que no se convoquen nuevas pruebas para formar parte de la bolsa", explica la denuncia, que prosigue incidienco en que no hay aún unas nuevas bases reguladoras para nombramientos futuros más allá de la de 2016 y por ello las actas que sustentaron los nombramientos "son nulas de pleno derecho".

Según el grupo municipal de Vox, que hizo pública la denuncia, en la práctica, la Junta de Gobierno Local nunca aprobó las nuevas bolsas de trabajo en 2017 porque no consta ninguna mención a ellas en las actas de la Junta de Gobierno. A la demanda en contencioso-administrativa, el grupo municipal también anunció que los denunciantes habían acudido a la vía penal por presunta prevaricación de Campillo y su entonces asesora -actual edil de Personal-, Luisa Notario, en el nombramiento de más de 300 interinos que sólo habían superado la primera prueba selectiva.

En este caso se sostiene que, de acuerdo con las bases reguladoras publicadas en diciembre de 2016, esta decisión sería contraria a la ley, dado que "dice claramente que no podrán nombrarse funcionarios que hayan suspendido el segundo ejercicio". Por lo tanto, esos acuerdos "vulnerarían una disposición de carácter general en contra de lo que establece la ley, y serían nulos de pleno de derecho tanto los acuerdos por los que se han convocado las bolsas de interinos, como sus propios nombramientos". El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, exigó al alcalde de València, Joan Ribó, el cese "fulminante" de Campillo y Notario si son citados como investigados por el juzgado.

Tramitación conforme a Ley

Por contra, en declaraciones recogidas por Europa Press, desde el consistorio señalaron que ni Campillo ni Notario tienen conocimiento de denuncia alguna sobre estos hechos y explican que los expedientes a los que se refiere la denuncia fueron validados por la jefatura del servicio, el secretario del área de Personal y la Intervención General del Ayuntamiento, con lo que subrayan que es "simplemente imposible" cometer prevaricación con ese visto bueno.

Por tanto, Campillo y Notario están "muy tranquilos" porque los expedientes "se tramitaron conforme a ley, con todas las firmas necesarias y atendiendo a lo que marca la norma". En esta línea, sobre la bolsa de auxiliares administrativos de 2018 en la que se denuncia que no hubo acuerdo de la Junta de Gobierno, detallan que en 2016 se constituyó una bolsa que se agotó y que la constituida dos años después se hizo con las personas que habían aprobado el primer examen de la anterior.

En este caso, defienden que esta constitución está "perfectamente validada jurídicamente" y consta el acuerdo de creación en Junta de Gobierno Local y, además, recalcan que se aprobó por unanimidad de todos los sindicatos en la Mesa General de Negociación. En esta línea, añaden que la denuncia no es nueva porque ya hubo otra en 2018 por este caso, que fue archivada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 20, decisión que confirmó la Audiencia provincial.