VALENCIA (EP). El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) ha explicado este martes que llevó a la Policía documentación sobre un presunto cobro de comisiones de Ribera Salud a través de su central de compras B2B tras recibir un sobre anónimo por correo ordinario con documentos que "podían sugerir actividades de delito" de la concesionaria de los hospitales y centros de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia y Vinalopó.
Así lo ha indicado en un comunicado ante las informaciones publicadas sobre la investigación judicial a la concesionaria, en el que ha querido aclarar la implicación del sindicato en este caso. Según ha indicado, SIMAP recibió a finales del pasado febrero por correo ordinario "un sobre anónimo que incluía documentos que podían sugerir actividades constituyentes de delito por parte de la empresa Ribera Salud".
Ese mismo día, "de forma inmediata", aportó toda la documentación, incluido el sobre que la contenía, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, "por responsabilidad como cualquier ciudadano y en cumplimiento estricto de la ley ante el conocimiento de un posible delito".
A partir de ese punto, precisa que "no ha realizado ninguna actividad ni gestión en este asunto" y ha recalcado que la investigación de esos hechos "no constituye una actividad de acción sindical ni se encuentra dentro de los fines del sindicato, independientemente que en nuestra esencia está la defensa de la sanidad pública".
"La Policía nos pidió absoluta confidencialidad hasta finalizar las pesquisas, y así lo hemos hecho", añade. A finales de septiembre, el SIMAP se puso en contacto con la Conselleria de Sanidad "para trasmitirle que la investigación policial había finalizado y que el expediente se encontraba ya en el juzgado en fase de diligencias previas, con la finalidad de que se personara como acusación particular y defendiera desde esa posición el interés general", ha explicado.
Para el SIMAP, "en este momento, además de la vía judicial, la responsabilidad de actuar ante los hechos que se van constatando es del Consell de la Generalitat Valenciana, que debe actuar en defensa del interés general y evaluar la gravedad de las acusaciones para decidir la toma de medidas a las que se comprometió en el Pacto del Botànic".
